Derecho

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 38, letra a), de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO 2007, L 319, p. 1).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18 TFUE, 26 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE y 55 TFUE, de los artículos 3 y 13 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO 2018, L 321, p. 36), y de los artículos 16 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que:

– Declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, respecto de las zonas y aglomeraciones BG0001 Sofía, BG0002 Plovdiv, BG0004 Norte, BG0005 Sudoeste y BG0006 Sudeste, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 5 de abril de 2017, Comisión/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267).

– Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión un importe a tanto alzado de 3 156 euros diarios, a contar desde la fecha en que se pronunció la sentencia de 5 de abril de 2017, Comisión/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267), hasta que recaiga sentencia en el presente asunto, o, en caso de que se dé cumplimiento antes a lo dispuesto en la sentencia, hasta el 31 de diciembre del último año en el que no se haya conformado a ella, sin que el importe pueda ser, en cualquier caso, inferior al importe mínimo a tanto alzado de 653 000 euros.

– Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 5 677,20 euros diarios por cada una de las zonas de calidad del aire, a contar desde el momento en que se dicte sentencia en el presente asunto y hasta el año en que se dé cumplimiento por completo a la sentencia de 5 de abril de 2017, Comisión/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267).

– Condene a la República de Bulgaria a cargar con las costas.

La digitalización de la justicia tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia, mejorar su eficiencia general y garantizar la resiliencia de los sistemas judiciales, especialmente en tiempos de crisis. En 2020, como respuesta a la pandemia COVID-19 y su impacto en el ámbito de la justicia, la Comisión emprendió varias iniciativas para intensificar la digitalización de la justicia. La Comunicación sobre la digitalización de la justicia en la Unión Europea, Una caja de herramientas de oportunidades, adoptada en diciembre de 2020, prevé la creación de una herramienta, «Mi espacio e-Justicia», en el Portal Europeo de e-Justicia. Esta herramienta facilitará el acceso a diversos servicios públicos digitales nacionales en el ámbito de la justicia. En varios Estados miembros, los particulares y las personas jurídicas ya tienen acceso en línea a diferentes servicios públicos ofrecidos en línea por el poder judicial y las administraciones públicas. Estos servicios públicos digitales ahorran tiempo, se puede acceder a ellos desde cualquier lugar y están disponibles incluso en situaciones difíciles, como la pandemia COVID-19. Sin embargo, los particulares y las empresas no suelen ser plenamente conscientes de la existencia de estos servicios.

En marzo de 2021, Eurojust y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) firmaron un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) por el que se establecía el Proyecto de Delitos contra la Propiedad Intelectual (IPC) de Eurojust, destinado a impulsar la cooperación y garantizar una respuesta más coherente y sólida contra las infracciones de la propiedad intelectual en toda la UE. El proyecto CIP se centra en la creación, la promoción y el intercambio de conocimientos, herramientas y experiencia, así como en la sensibilización y la prestación de un mayor apoyo jurídico y operativo a las complejas investigaciones transfronterizas en materia de CIP.

En una situación transfronteriza intervienen al menos dos Estados miembros. En tales situaciones, existe el riesgo de que las cotizaciones a la seguridad social no se paguen por/para las personas móviles a la autoridad pública del Estado miembro competente. Además, existe el riesgo de que se abonen indebidamente prestaciones a las personas móviles debido a fraude o error. El capítulo III del título IV del Reglamento de aplicación define los procedimientos y las normas de asistencia mutua para el cobro de tales créditos. Estas disposiciones son muy importantes, ya que un cobro efectivo ayuda considerablemente a atajar el riesgo de fraude y error.