Concluye la visita a Madrid de los eurodiputados que investigan el uso de Pegasus

Durante su visita, los eurodiputados se entrevistaron con el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, y con víctimas del espionaje, como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, la consejera catalana de Acción Exterior, Meritxell Serret y el concejal en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall.

También mantuvieron encuentros con los miembros de la comisión de investigación sobre Pegasus en el Parlamento catalán, un representante de la oficina del Defensor del Pueblo, ONG que trabajan en el ámbito de los derechos fundamentales y periodistas.

La visita concluyó con una rueda de prensa, en la que el presidente de la comisión y jefe de la delegación, Jeroen Lenaers (PPE, Países Bajos), señaló: «Esta visita, como las anteriores a Israel, Polonia, Grecia, Chipre y Hungría, nos ha dado ideas para la reflexión ahora que estamos preparando nuestras recomendaciones sobre lo que deben hacer los Estados miembros y la UE para garantizar la protección de, entre otros, los derechos a la privacidad y las comunicaciones. Creemos que España cuenta con un sistema judicial independiente con las salvaguardas necesarias, pero también vemos que hace falta aplicar en la UE nuevas reglas para evitar casos de abuso y hacer frente a este nuevo método de espionaje».

Pegasus y la protección de datos protagonistas en la ONU y el Parlamento Europeo

La ponente Sophie in ‘t Veld (Renew, Países Bajos) añadió: «Los programas de espionaje son una herramienta para casos excepcionales y muy definidos. La definición actual de amenazas a la seguridad nacional es demasiado amplia y faltan transparencia y mecanismos de reparación para las personas espiadas. El hecho de que el espionaje se considerara legal pero no se presentaran cargos contra las personas espiadas deja preguntas sin responder. Además, si la vigilancia de políticos, abogados y sociedad civil era legal y estaba debidamente autorizada, ¿por qué llevó a la dimisión de la directora del CNI y a una reforma de su marco legal? Necesitamos claridad de las autoridades. El Defensor del Pueblo evaluó los casos únicamente desde el punto de vista de la legalidad procesal, no de la proporcionalidad. Para 47 casos no hay explicación alguna, lo que deja a las víctimas desamparadas. La carga de la prueba recae injustamente sobre las personas espiadas, que dependen de los mismos organismos que usaron los programas espía en su contra para obtener pruebas. Recomendamos encarecidamente a las autoridades españolas que inviten a Europol a ayudar en el examen forense de los dispositivos».

Más información: Parlamento Europeo