El Grupo de contacto internacional (GCI) se reunió los días 6 y 7 de mayo en San José, Costa Rica, a nivel ministerial. Preocupados por los recientes acontecimientos en Venezuela, los miembros del GCI renovaron su compromiso con una solución política, pacífica, democrática y de propiedad venezolana, a través de la celebración de elecciones presidenciales libres y justas tan pronto como sea posible.
El GCI ha reafirmado su fuerte rechazo al uso de la fuerza contra civiles y expresa sus profundas condolencias a las familias y amigos de las víctimas. El Grupo insta a las fuerzas de seguridad a actuar con la máxima moderación para evitar una mayor pérdida de vidas y sufrimientos. Los grupos armados irregulares deben ser disueltos. Los responsables de la violencia indiscriminada serán responsables. El derecho a la protesta pacífica debe ser respetado y las manifestaciones deben seguir siendo no violentas. El Grupo condena firmemente los actos de violencia contra periodistas y subraya que la libertad de los medios de comunicación debe ser respetada.
Según se ha establecido, la prioridad ahora es evitar una mayor escalada de una situación que ya es extremadamente tensa. Para esto es imperativo restablecer la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes. Los acontecimientos actuales confirman que la única forma sostenible de salir de la crisis actual es una que sea incluyente, democrática y pacífica, en el marco de la constitución del país. No se deben tomar acciones de naturaleza represiva, judicial o política que hagan esta posibilidad más remota.
Además, el GCI ha condenado firmemente los procesos judiciales defectuosos destinados a criminalizar las protestas y las opiniones políticas, como los procedimientos iniciados contra varios representantes de la Asamblea Nacional. Los líderes y miembros del partido deben poder llevar a cabo su trabajo pacíficamente sin intimidación y represalias. La Asamblea Nacional elegida democráticamente, bajo su presidente Juan Guaidó, debe permanecer en el centro de la vida política en el país, sus prerrogativas constitucionales deben respetarse y, de conformidad con su legislación nacional, la inmunidad parlamentaria de sus miembros debe estar plenamente garantizada. En este sentido, el Grupo también condena la desaparición forzada del Representante Gilber Caro, cuya suerte y paradero siguen sin conocerse. Responsabiliza a las autoridades relevantes por su seguridad e integridad.
Si bien la solución a la crisis de Venezuela debe provenir de los venezolanos, la comunidad internacional tiene el deber y la responsabilidad de contribuir a crear las condiciones para que la paz, la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos prevalezcan en Venezuela. En este sentido, habiendo revisado su contribución hasta el momento, el GCI ha decidido continuar su trabajo sujeto a la evaluación periódica de los progresos realizados. El GCI está listo para emprender una misión a nivel político en Caracas, para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a esta crisis.
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