Mercado en la Unión Europea

La demanda se refiere a la supuesta injusticia del proceso penal que dio lugar a la condena del demandante y a que éste tuviera que cumplir aproximadamente ocho años y siete meses de prisión debido a que los tribunales nacionales no (i) declararon los motivos por los que le habían declarado culpable, (ii) interrogaron a la persona objeto de la condena (Y. A.), a un agente de la gendarmería (M.A.) y a un testigo (İ.Ö.) en persona, (iii) reproducir una declaración grabada en vídeo de la persona buscada durante el juicio, y (iv) evaluar adecuadamente sus solicitudes de aportación y examen de pruebas adicionales.

El asunto se refiere a la supuesta imposibilidad del demandante de recurrir a la revisión judicial de la decisión de recomendar su despido del cargo de juez. El demandante consideró además que su despido había violado su derecho a la libertad de expresión y era discriminatorio.

En el presente estudio utilizamos principalmente la encuesta EU-SILC (EU Survey for Income and Living Conditions). Es importante discutir la definición de discapacidad utilizada en el marco de esta encuesta. La encuesta EU-SILC informa sobre las limitaciones de la actividad y se utiliza como indicador indirecto de la discapacidad. El concepto se operativiza utilizando el Indicador Global de Limitación de la Actividad (GALI) para observar la limitación en las actividades que las personas suelen realizar debido a uno o más problemas de salud. La encuesta EHIS (European Health Interview Survey) utiliza un método similar. Los datos sobre discapacidad se refieren a la autoevaluación por parte de los encuestados del grado en que se encuentran limitados en las actividades que realizan habitualmente las personas, debido a problemas de salud, durante al menos los últimos 6 meses. La respuesta distingue: muy limitado, limitado y no limitado. En lo sucesivo, utilizaremos el término general discapacidad para englobar tanto «muy limitado» como «limitado».

El asunto se refiere a la supuesta injerencia en los derechos de las empresas demandantes en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio y del artículo 10 del Convenio como consecuencia de una serie de modificaciones legislativas que, en última instancia, prohibieron las vallas publicitarias en carretera fuera de las zonas urbanizadas, extinguiendo así una parte sustancial de su actividad.

Está ocurriendo. Y para quienes recuerdan los recortes presupuestarios en defensa tras la crisis financiera mundial, no podría haber llegado antes. El gasto en defensa vuelve a aumentar. En la UE crecerá hasta 214.000 millones de euros en 2021, un 6% más que en 2020, la mayor tasa de crecimiento anual desde que comenzó el repunte en 2015. Según datos de la Agencia Europea de Defensa (AED), el gasto aumentará hasta 70.000 millones de euros en 2025, ya que la invasión de Ucrania por Rusia obliga a un cambio de paradigma en la política exterior y de defensa europea. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿está la guerra de Rusia en Ucrania empujando por fin a los Estados miembros de la UE a cooperar en materia de defensa, o están cocinando una sopa de letras de burocracia adicional y a punto de malgastar un montón de recursos? Esta edición de European Defence Matters intentará ayudar a responder a esta pregunta. En «Invertir en defensa europea», debatiremos la cuestión con los Ministros de Defensa de Alemania y Estonia, el Viceministro de Defensa checo, el Director General de Rheinmetall, obtendremos el punto de vista crítico de un grupo de reflexión y también nos centraremos en el Fondo Europeo para la Paz. Entre otros, nos hablan el Embajador de Ucrania ante la UE y el Director de la AED, Josep Borrell.

Este estudio pretende identificar las lecciones aprendidas de las medidas legislativas y no legislativas existentes, incluida la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), para apoyar la integración de la infraestructura de e-movilidad en el parque de edificios de la UE y promover el uso de VE. Incluye una revisión del mercado electrónico y su impacto en los puntos de recarga en edificios (Capítulo II). Este capítulo compara la necesidad de infraestructura de recarga en los edificios si se quieren alcanzar los objetivos de descarbonización de la UE, con lo que se espera conseguir a través de las medidas políticas esbozadas en las enmiendas propuestas a la EPBD.