Mercado en la Unión Europea

En España, hasta el momento 35.300.384 personas han recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19.

Este protocolo tiene como objetivo racionalizar la recogida de información sobre la gravedad de las infecciones por COVID-19 en brotes en centros de cuidados de larga duración (LTCF) y facilitar la notificación por parte de los Estados miembros de la UE/EEE al ECDC. Esta actualización (versión 2.0 del protocolo) se ha acortado y racionalizado con el objetivo de obtener estimaciones oportunas de la eficacia de la vacuna en este entorno, por variante del SARS-CoV-2 y producto vacunal.

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que: el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 TUE, apartado 3, al no haber comunicado a la Comisión la información necesaria para verificar la exactitud de las alegaciones de que las aguas residuales urbanas vertidas por las instalaciones de tratamiento de las aglomeraciones urbanas de Habo y Töreboda cumplen lo exigido en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO 1991, L 135, p. 40), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (DO 2008, L 311, p. 1)

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO 2015, L 310, p. 1).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).

La cuestión prejudicial versa sobre la validez del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; correcciones de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28), a la luz de los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea