Prolongar la vida útil y retrasar la obsolescencia de los aparatos electrónicos puede reducir significativamente sus impactos ambientales y climáticos y contribuir a cumplir los objetivos de la Unión Europea (UE) en materia de medio ambiente, clima y economía circular.
Según un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), publicado hoy, los teléfonos inteligentes, los televisores, las lavadoras y las aspiradoras se utilizan, en promedio, durante períodos más breves que los de su vida útil prevista y deseada.
En el informe de la AEMA «El consumo de Europa en una economía circular: las ventajas de una electrónica más duradera» se analizan las oportunidades de reducir los efectos de los aparatos electrónicos en el medio ambiente y el clima aumentando la vida útil de los productos, retrasando su obsolescencia y mejorando su idoneidad para los modelos de negocio de la economía circular. Cada año se consumen en la UE más de 18 kilogramos de productos eléctricos y electrónicos, en promedio, por persona.
Según el informe de la AEMA, los estudios de casos sobre teléfonos inteligentes, televisores, lavadoras y aspiradoras muestran que todos estos tipos de productos tienen un promedio de vida útil real que es por lo menos 2,3 años menor que la vida útil diseñada o deseada. Esto significa que existe un potencial significativo para aumentar la vida útil de estos productos, por ejemplo, facilitando su uso durante períodos más largos, su reutilización, reparación, remanufacturación o reciclaje.
Es necesario desarrollar modelos de negocio de economía circular -incluyendo el diseño circular, el producto como servicio, la reutilización y el reciclaje- para retener por más tiempo el valor de la electrónica. Para mejorar la «circularidad» de los productos electrónicos, el informe de la AEMA destaca la necesidad de reforzar los requisitos de diseño ecológico de los productos y mejorar su potencial de reparación, eliminación y remanufacturación. Otras medidas incluyen un mayor uso de la etiqueta energética de la UE, el desarrollo de la contratación pública ecológica y la extensión de la responsabilidad del productor al final de la vida útil de los productos.
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