La Comisión Europea eliminará progresivamente el Marco temporal relativo a las ayudas estatales en el contexto de la COVID-19, adoptado el 19 de marzo de 2020 y modificado por última vez el 18 de noviembre de 2021, que ha permitido a los Estados miembros hacer frente a una grave perturbación de la economía en el contexto de la pandemia de coronavirus. Este Marco temporal no se prorrogará más allá de su fecha de expiración actual, que es el 30 de junio de 2022, en el caso de la mayoría de los instrumentos facilitados. El actual plan de eliminación progresiva y transición no cambiará, incluida la posibilidad de que los Estados miembros establezcan medidas específicas de apoyo a la inversión y a la solvencia hasta el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, respectivamente, como ya se anunció en noviembre del año pasado.
La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: Desde el inicio mismo de la pandemia, el Marco temporal relativo a las ayudas estatales en el contexto de la COVID-19 ha permitido a los Estados miembros prestar un apoyo oportuno, específico y proporcionado a las empresas necesitadas, preservando al mismo tiempo la igualdad de condiciones en el mercado único y manteniendo condiciones horizontales aplicables a todos.
Hoy, después de más de dos años, asistimos por fin a una mejora general de la crisis sanitaria en Europa, con un número de infecciones por COVID-19 bajo control y una tasa de vacunación relativamente elevada. Con el levantamiento progresivo de las medidas restrictivas, la economía europea ha empezado a dar los primeros pasos hacia la recuperación tras la crisis sanitaria. Como ha declarado la Comisión en su Comunicación sobre las próximas medidas de respuesta a la pandemia de COVID-19, esta flexibilización de las normas también supone un gran alivio para nuestras economías, pero no significa que no debamos mantenernos vigilantes.
Contexto
El Marco temporal relativo a las ayudas estatales en el contexto de la COVID-19 se adoptó el 19 de marzo de 2020 y se modificó el 3 de abril de 2020 por primera vez para ofrecer más posibilidades de apoyo público a la investigación, la realización de pruebas diagnósticas y la fabricación de productos para luchar contra la pandemia de coronavirus, preservar el empleo y mantener el respaldo a la economía. El 8 de mayo de 2020, la Comisión adoptó una segunda modificación por la que se ampliaba el ámbito de aplicación del Marco temporal a medidas relativas a la recapitalización y la deuda subordinada. El 29 de junio de 2020, la Comisión adoptó una tercera modificación por la que se ampliaba el ámbito de aplicación del Marco temporal a fin de seguir apoyando a las microempresas, las pequeñas empresas y las empresas emergentes, e incentivar las inversiones privadas. El 13 de octubre de 2020, la Comisión prorrogó el Marco temporal hasta el 30 de junio de 2021, con la excepción de las medidas relativas a la recapitalización, que podían concederse hasta el 30 de septiembre de 2021, y permitió a los Estados Miembros cubrir parte de los costes fijos no cubiertos de las empresas afectadas por la crisis. El 28 de enero de 2021, la Comisión adoptó una quinta modificación por la que se ampliaba el alcance del Marco temporal aumentando los límites máximos establecidos en él y permitiendo la conversión de determinados instrumentos reembolsables en subvenciones directas hasta finales de 2022. El 18 de noviembre de 2021, la Comisión prorrogó el Marco temporal relativo a la COVID-19 hasta el 30 de junio de 2022 e introdujo dos nuevas medidas para crear incentivos directos para la inversión privada prospectiva y las medidas de apoyo a la solvencia, por un período limitado adicional.
Los Estados miembros podrán utilizar todos los elementos del Marco temporal hasta el 30 de junio de 2022. Después de esa fecha, los Estados miembros podrán convertir los préstamos en importes limitados de ayuda en forma de subvenciones directas, aplicando las condiciones del Marco temporal y si así lo prevén sus regímenes nacionales. Esa conversión podrá utilizarse en condiciones estrictas para cancelar préstamos o partes de ellos en beneficio de prestatarios que no estén en condiciones de reembolsar. Del mismo modo, los Estados miembros también podrán disponer de sistemas que permitan reestructurar los préstamos, por ejemplo, ampliando su duración o reduciendo los tipos de interés aplicables, dentro de límites específicos. Además, las ayudas a la inversión para una recuperación sostenible serán posibles hasta el 31 de diciembre de 2022 y las ayudas a la solvencia, hasta el 31 de diciembre de 2023.
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