Ayer se celebró el décimo aniversario de la firma por parte del presidente Putin de la ley sobre «agentes extranjeros», una década determinada por el creciente temor de las autoridades rusas a las voces críticas de la sociedad rusa.
Esta ley fue la primera de varias medidas legislativas, como la ley sobre «organizaciones indeseables» de 2015 y la «ley sobre noticias falsas» de 2022, destinadas deliberadamente a silenciar y ejercer una presión sin precedentes sobre la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación independientes de Rusia. La ley sobre «agentes extranjeros» ha evolucionado a lo largo de los años y sigue desarrollándose para seguir estigmatizando y limitando significativamente los derechos de los distintos grupos de la sociedad, incluidas las ONG, las asociaciones públicas no registradas, los medios de comunicación, los periodistas, los activistas y los defensores de los derechos humanos. El ejemplo más significativo de persecución basada en las supuestas violaciones de la ley sobre «agentes extranjeros» es el cierre forzoso de «Memorial International» (Memorial Internacional) y del «Memorial Human Rights Centre» (Centro Memorial de Derechos Humanos), reconocidos internacionalmente.
Segunda Conferencia Anual sobre el Estado Mundial de los Derechos Humanos -15 y 16 de julio
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Con estas leyes, Rusia está violando claramente sus compromisos en virtud del Derecho internacional de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de su propia ciudadanía. Ello fue confirmado por el dictamen de 2021 de la Comisión de Venecia y en junio de 2022 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según la Constitución rusa, el Derecho internacional forma parte integrante del Derecho ruso.
La guerra de agresión injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania ha exacerbado la represión interna en Rusia, poniendo a los ciudadanos de a pie en el objetivo y limitando drásticamente el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación.
La expansión masiva de la legislación restrictiva adoptada desde el inicio de la guerra ilegal de agresión contra Ucrania, incluida la ley sobre la denominada «información falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia» (la «ley sobre noticias falsas» de 2022) tiene por objeto privar aún más al pueblo ruso de información independiente sobre las acciones ilegales y las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania. La creciente represión es, por tanto, un factor determinante de la agresión de Rusia en el extranjero y el pueblo ucraniano está pagando un amargo precio por ella.
Como consecuencia de esta censura y de este marco legislativo represivo, la oposición política, los defensores de los derechos humanos, las personas LGBTI, los periodistas independientes, los trabajadores de los medios de comunicación y otros residentes rusos que temen la represión del Estado se han visto obligados a huir de su propio país, mientras que las organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, así como los medios de comunicación independientes internacionales y rusos, han sido clausurados u obligados a cesar sus actividades.
Magistrada Miriam Germán Brito, galardonada con el Premio Europeo a los Derechos Humanos
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La Unión Europea condena enérgicamente los intentos sistemáticos de infundir miedo e imponer una represión contra la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y la oposición democrática en Rusia. Seguiremos apoyando la importante labor de las organizaciones de la sociedad civil rusa, a los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación y periodistas independientes dentro y fuera de Rusia. Pedimos una vez más a las autoridades rusas que cumplan sus obligaciones y compromisos internacionales en relación con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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