Informe sobre el Estado de Derecho en 2021

La Comisión Europea ha publicado el segundo informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho, con una Comunicación en la que se analiza la situación en la UE en su conjunto y capítulos específicos sobre cada Estado miembro.

El informe de 2021 examina lo acontecido desde el pasado mes de septiembre, profundizando en la evaluación de los problemas detectados en el informe anterior y teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19. En general, el informe muestra muchos avances positivos en los Estados miembros, incluidos los ámbitos en los que se están abordando los retos señalados en el informe de 2020. Sin embargo, siguen existiendo preocupaciones, que en algunos Estados miembros han aumentado, por ejemplo en lo que se refiere a la independencia del poder judicial y a la situación en los medios de comunicación. El informe también subraya la fortaleza de los sistemas nacionales durante la pandemia de COVID-19. Esta pandemia también puso de manifiesto la importancia de la capacidad de mantener un sistema de controles y equilibrios que respete el Estado de Derecho.

Principales conclusiones sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros

El informe de 2021 se basa en la metodología y el alcance del informe anterior, centrándose en los cuatro elementos clave: sistema judicial; marco de lucha contra la corrupción; libertad y pluralismo de los medios de comunicación; otras cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrios.

Sistemas judiciales

Casi todos los Estados miembros están llevando a cabo reformas relacionadas con sus sistemas judiciales, aunque con variaciones en cuanto a objetivos, alcance, forma y progreso. En varios se han adoptado o se están tomando medidas para reforzar la independencia judicial mediante reformas relacionadas con los consejos judiciales, el nombramiento de jueces y la independencia y autonomía de la fiscalía, por ejemplo. Sin embargo, algunos han seguido llevando a cabo reformas que reducen sus garantías de independencia judicial, suscitan preocupación o agravan las existentes relacionadas con una mayor influencia del poder ejecutivo y legislativo en el funcionamiento de su sistema judicial. Además, en otros, los ataques políticos y los reiterados intentos de socavar a jueces o instituciones judiciales cuestionan aún más la independencia judicial. Desde la adopción del informe de 2020, el Tribunal de Justicia de la UE ha reafirmado la importancia de la tutela judicial efectiva para la defensa del Estado de Derecho. Por último, la pandemia de COVID-19 ha dado un nuevo sentido a la urgencia de modernizar los sistemas judiciales y puesto de relieve el potencial de la digitalización.

Normativas en materia de lucha contra la corrupción

Los Estados miembros de la UE siguen figurando entre los países con mejores resultados a escala mundial, y 10 de ellos se encuentran entre los 20 países más importantes del mundo considerados menos corruptos. Varios Estados miembros están adoptando o revisando actualmente estrategias o planes de acción nacionales contra la corrupción. Muchos de ellos adoptaron medidas para reforzar los marcos de prevención e integridad de la corrupción, incluidas normas sobre conflictos de intereses, transparencia de los grupos de presión y «puertas giratorias». Sin embargo, siguen existiendo dificultades, en particular en relación con investigaciones penales, enjuiciamientos y la aplicación de sanciones por corrupción en algunos Estados miembros. En varios Estados miembros siguieron apareciendo casos de corrupción importantes o muy complejos. Los recursos asignados a la lucha contra la corrupción no siempre son adecuados en algunos Estados miembros, mientras que en otros persisten preocupaciones sobre la eficacia de las investigaciones, el enjuiciamiento y la resolución de grandes casos de corrupción. En general, la pandemia ha lentificado las reformas y las decisiones en casos de corrupción en algunos Estados miembros.

Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

Durante la pandemia, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en Europa sufrieron una fuerte presión. Con el mayor número de alertas de seguridad de los periodistas y los trágicos acontecimientos recientes, es necesario abordar esta cuestión en toda la UE. El Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación de 2021 (una fuente clave de información para el informe sobre el Estado de Derecho) apunta a un deterioro general de la situación de los periodistas en varios Estados miembros. No todos los reguladores de los medios de comunicación están libres de influencia política y existe un alto riesgo de interferencia política en los medios de comunicación en algunos Estados miembros. Además, los medios han sido cruciales para mantener informados a los ciudadanos durante la pandemia de COVID-19, a pesar de que una serie de restricciones dificultaron el trabajo de los periodistas. La pandemia también ha desencadenado graves retos económicos para el sector, lo que ha llevado a algunos Estados miembros a adoptar sistemas de apoyo a los medios de comunicación. Este apoyo debe aplicarse de manera transparente y equitativa.

Controles y equilibrios institucionales

Desde el año pasado, algunos Estados miembros han seguido emprendiendo reformas constitucionales para reforzar los controles y las salvaguardias. Algunos han adoptado recientemente medidas para aumentar la transparencia de la elaboración de la legislación y mejorar la participación de los ciudadanos. En general, los controles y equilibrios nacionales, incluidos los Parlamentos, los tribunales, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes, han desempeñado un papel crucial durante la pandemia de COVID-19, que ha sido una prueba de resistencia para el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, existen retos para el proceso legislativo, como cambios repentinos, procedimientos acelerados o el sistema de control constitucional. La sociedad civil sigue beneficiándose de un entorno favorable en la mayoría de los Estados miembros, pero en algunos sigue enfrentándose a graves retos, como amenazas deliberadas de las autoridades, protección inadecuada frente a ataques físicos o verbales o un nivel inadecuado de protección de los derechos fundamentales que garantizan su trabajo. Estos retos se han visto exacerbados por el contexto de la pandemia de COVID-19. Una serie de acontecimientos recientes han suscitado preocupación en relación con el respeto de la primacía del Derecho de la UE, esencial para el funcionamiento del ordenamiento jurídico de la UE y la igualdad de los Estados miembros en la UE.