Informe sobre el Estado de Derecho de 2022: la Comisión formula recomendaciones específicas a los Estados miembros

La Comisión ha publicado hoy el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho. El informe se inscribe en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, que ha puesto de manifiesto la importancia de defender los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

El informe comprende una visión general de las tendencias en el conjunto de la UE y 27 capítulos por países en los que se examinan las novedades en la materia producidas en cada Estado miembro desde julio de 2021. El informe de este año incluye por primera vez recomendaciones específicas formuladas a cada Estado miembro, según lo anunciado por la presidenta Von der Leyen en su Discurso sobre el estado de la Unión de 2021. Las recomendaciones tienen por objeto animar a los Estados miembros a hacer avanzar las reformas en curso o previstas y ayudarlos a determinar los ámbitos en que hacen falta mejoras.

El informe hace un seguimiento de los problemas indicados en informes anteriores, profundiza en la evaluación de la Comisión y formula también observaciones sobre cuestiones como los medios de comunicación de servicio público, el uso de programas espía o el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Principales conclusiones y recomendaciones

1. Reformas de la justicia

Las reformas de la justicia siguieron ocupando un lugar destacado en la agenda política el año pasado. Muchos Estados miembros acometieron importantes reformas para reforzar la independencia judicial, tales como reformas relacionadas con la composición y las competencias de los consejos del poder judicial, la mejora de los procedimientos de nombramiento de los jueces o el refuerzo de la autonomía de las fiscalías. Los Estados miembros también introdujeron medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, tales como una mayor digitalización de los sistemas judiciales y la facilitación del acceso a la justicia.

2022 Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Spain

Al mismo tiempo, persisten motivos de preocupación de carácter estructural en algunos Estados miembros por lo que respecta a la independencia judicial. En algunos Estados miembros existen dificultades en relación con los nombramientos en los tribunales superiores y para los cargos de presidente de los tribunales. En otros preocupa la independencia o la autonomía de las fiscalías y se siguen usando procedimientos disciplinarios para coartar la independencia judicial.

2. Normativas en materia de lucha contra la corrupción

La UE sigue siendo una de las regiones menos corruptas del mundo. Desde julio de 2021, numerosos Estados miembros han adoptado estrategias anticorrupción nuevas o revisadas, o las están revisando. Varios de ellos han adaptado las normativas vigentes a los estándares internacionales de lucha contra la corrupción y al Derecho de la UE. La mayoría tiene ahora leyes que facilitan a la justicia penal los instrumentos necesarios para combatir la corrupción. Numerosos Estados miembros han adoptado medidas para aumentar la capacidad de las fiscalías responsables de la lucha contra la corrupción a través de medidas como recursos adicionales o formación adicional.

Sin embargo, la corrupción sigue siendo un motivo de grave preocupación para los ciudadanos de la UE. El eurobarómetro de 2022 sobre la corrupción indica, por ejemplo, que el 68 % de ellos cree que la corrupción es generalizada en su país. En algunos Estados miembros, las investigaciones y enjuiciamientos de asuntos de corrupción son largos y siguen faltando sentencias, especialmente en los de alto nivel. Los funcionarios públicos están sujetos a obligaciones de divulgación de bienes e intereses en todos los Estados miembros, pero aquellas varían en cuanto al alcance, la transparencia y la accesibilidad de la información divulgada, así como en cuanto al nivel y la eficacia de la verificación y el cumplimiento.

3. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

Tanto la pandemia de COVID-19 como la guerra de Rusia contra Ucrania han demostrado el papel crucial de los periodistas para comprobar los hechos e informar a los ciudadanos. Varios Estados miembros han adoptado, intensificado o están estudiando medidas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los periodistas, sobre la base de las recientes iniciativas de la Comisión. Desde el último informe, varios Estados miembros se han esforzado por mejorar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Siguen preocupando la falta de transparencia en el reparto de la publicidad institucional, el conflicto de intereses y los obstáculos relacionados con el acceso a documentos públicos, que son algunos de los problemas señalados en el informe que requieren atención.

Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions – ANNEX

Las conclusiones del informe se basan en una serie de fuentes, entre ellas el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (MPM 2022), la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas y la plataforma «Mapping Media Freedom».

4. Controles y equilibrios institucionales

En algunos Estados miembros sigue sin existir un marco formal de consulta a las partes interesadas, lo que constituye un motivo de preocupación, y las organizaciones de la sociedad civil siguen enfrentándose a dificultades como problemas de financiación, discursos negativos y limitaciones de su espacio de maniobra. Por primera vez, el informe también examina el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El informe también examina las reacciones del sistema de contrapoderes institucionales ante el uso de programas espía. Aunque está vinculado a la seguridad nacional, el uso de esas herramientas debe estar sujeto al sistema de contrapoderes institucionales.

Para hacer frente a algunos de estos problemas, la Comisión ha formulado recomendaciones relativas, por ejemplo, a la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo, a la creación y el funcionamiento de instituciones nacionales de derechos humanos acreditadas y a la garantía de un marco operativo abierto para la sociedad civil.

More información: Comunicado de prensa – Comisión Europea