Las trabas a las compras en internet dentro de la UE tendrán que desaparecer a partir del 3 de diciembre para ciertos productos.
El 57% de los ciudadanos de la UE realizaron compras a través de internet en 2017, según la oficina europea de estadística, Eurostat. Sin embargo, en 2016 un estudio de la Comisión Europea alertó de que solo el 37% de los usuarios puede completar su compra electrónica en otro país de la UE, mientras que el resto experimenta algún tipo de bloqueo cuando intenta comprar un bien o un servicio en internet fuera del mercado nacional. Esta práctica se ha denominado en la jerga comunitaria “bloqueo geográfico” (geo-blocking, en inglés).
¿En qué consiste el bloqueo geográfico?
Se considera bloqueo geográfico cualquier restricción por nacionalidad, lugar de residencia o punto de conexión que experimente un usuario al comprar un producto o un servicio en internet.
En la práctica estas trabas pueden ser desde el reenvío a una versión nacional de una página web o el rechazo de una tarjeta de crédito de otro país de la UE, hasta no poder registrarse en una página desde otro Estado miembro.
¿Qué esta haciendo el Parlamento para acabar con este bloqueo injustificado?
El 3 de diciembre se hará efectiva la normativa dirigida a poner fin a estos obstáculos para ciertos artículos, de manera que los consumidores puedan comprar bienes y servicios en los mismos términos desde cualquier punto de la UE. Los eurodiputados aprobaron esta regulación el 6 de febrero de 2018.
¿A qué productos se aplicarán las nuevas reglas?
La nueva normativa cubrirá las compras de productos tangibles como muebles y dispositivos electrónicos, servicios en línea como alojamiento de páginas web (web hosting, en inglés) o almacenamiento de contenido, y también la compra de entradas a conciertos, espectáculos y otro tipo de actividades de ocio.
¿Cuándo se extenderán estas normas a otros productos?
Los productos protegidos por los derechos de autor, como libros electrónicos o productos audiovisuales, no están incluidos por el momento en estas normas. Sin embargo, el Parlamento ha exigido a la Comisión Europea que realice una evaluación de la situación en el plazo de dos años con vistas a incluirlos.
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