El CESE apoya ampliamente la nueva estrategia de la UE contra la trata de seres humanos 2021-2025, pero también llama la atención sobre la necesidad de incorporar la dimensión social a la política.
La nueva estrategia de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos presenta una laguna en cuanto a los derechos de las víctimas y la dimensión social. Las víctimas de la trata sufren efectos psicológicos devastadores durante y después de su experiencia. El CESE considera que la situación de las víctimas no se aborda de forma coherente y humana en toda la estrategia.
Como señaló Carlos Manuel Trindade, ponente del dictamen del CESE, la trata de seres humanos provoca un enorme sufrimiento entre las víctimas, es un atentado contra la dignidad. Por ello, la dimensión social debe ser tenida en cuenta en la lucha contra la trata.
La trata de seres humanos no debería tener cabida en la sociedad actual. Sin embargo, se trata de un fenómeno mundial en el que la Unión Europea tiene su parte.
Según los últimos datos disponibles, entre 2017 y 2018 se registraron más de 14 000 víctimas en la UE, la mayoría de ellas mujeres y niñas sometidas a explotación sexual. Los traficantes, en su mayoría ciudadanos europeos, son plenamente conscientes de la rentabilidad de esta actividad ilegal, cuyos beneficios se estimaron en 29 400 millones de euros solo en 2015.
Ante el aumento de los beneficios y de las víctimas, el CESE acoge con satisfacción la posición de la Comisión de que la Directiva contra la trata de seres humanos debe aplicarse en todos los Estados miembros y su revisión debe basarse en una evaluación exhaustiva de las limitaciones detectadas y en la evolución de la trata de seres humanos, en particular de la captación y explotación de las víctimas a través de internet.
Como forma de delincuencia organizada muy arraigada, la trata de seres humanos no ha sido fácil de combatir y, a este respecto, el papel de los Estados miembros es de suma importancia, ya que deben ir por delante de los delincuentes, usuarios y explotadores de las víctimas. El CESE pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de tipificar como delito el uso de los servicios explotados de las víctimas de la trata.
Además, el CESE subraya la necesidad de mejorar las sanciones y está de acuerdo con el establecimiento de normas mínimas a nivel de la UE que penalicen las redes implicadas en todo el proceso de trata y explotación de seres humanos.
Sin embargo, observa que la estrategia no menciona el importante apoyo que prestan las redes de solidaridad comunitaria y los interlocutores sociales en la protección, acogida e integración de las víctimas. Por lo tanto, el Comité propone firmemente que estas intervenciones y el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil se incluyan y promuevan en la nueva estrategia como ejemplos de buenas prácticas que deben reproducirse.
Desde 2002, la UE ha tomado medidas contra la trata de seres humanos, y la propuesta de estrategia en este ámbito pretende consolidar y reforzar este enfoque. La «Directiva contra la trata» de 2011 ha supuesto un gran avance en la lucha contra el fenómeno, pero la trata sigue creciendo en Europa.
Contar la dimensión social en la aplicación de la estrategia
El plan no prevé ninguna medida para reconocer y hacer valer los derechos de las víctimas, lo que debería ser una preocupación fundamental para afirmar la dignidad y los derechos humanos. Las víctimas deberían tener derecho a integrarse en la sociedad de acogida, mediante un proceso de integración adecuado y rápido. El CESE recomienda encarecidamente que la Comisión incorpore esta propuesta a la nueva política.
También se destaca en el dictamen la necesidad de crear condiciones económicas y sociales dignas y adecuadas para las personas en los países de origen, que es la principal forma de dificultar o prevenir la captación de víctimas de la trata. Debe prestarse especial atención a las personas que combinan la pobreza multidimensional con otras características específicas, vulnerables a la explotación y a la trata de seres humanos.
El CESE considera que debe garantizarse adecuadamente la protección de las víctimas en todas sus fases, en particular de las mujeres y los niños. Para ello, las organizaciones de la sociedad civil que actúan en este ámbito y los interlocutores sociales deben participar en todas las fases del proceso. La responsabilidad es compartida y el éxito de este empeño depende en gran medida de la participación activa de toda la sociedad y de los mensajes difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales.
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