El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2024 indica una mejora de la percepción de la independencia judicial

La Comisión Europea ha publicado la duodécima edición del cuadro de indicadores de la justicia en la UE, un resumen anual que facilita datos comparativos sobre la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. En comparación con el año pasado, la percepción de la independencia judicial por parte de la población también ha mejorado en los países con problemas sistémicos.

El cuadro de indicadores de este año incluye varias cifras nuevas sobre la accesibilidad de la justicia, por ejemplo, la accesibilidad de las personas con discapacidad a las profesiones de la justicia; la accesibilidad a la justicia para los consumidores en el ejercicio de acciones de representación que protejan sus intereses colectivos; los salarios del personal de peritos judiciales y fiscales, y los notarios y sus competencias en los procedimientos sucesorios. La edición de 2024 también incluye, por primera vez, nuevas cifras específicas sobre la independencia de la justicia, por ejemplo, sobre el nombramiento de los presidentes de los órganos jurisdiccionales, sobre los marcos nacionales relativos a las declaraciones de patrimonio y sobre la destitución de los fiscales generales.

Principales constataciones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2024

• La percepción de la independencia judicial ha mejorado, también entre los países con problemas sistémicos. Una encuesta del Eurobarómetro realizada entre la población en general indica que, desde 2016, la percepción de la independencia judicial por parte de esa población ha mejorado o se ha mantenido estable en diecinueve Estados miembros. Entre las empresas, otra encuesta del Eurobarómetro indica que la percepción de independencia ha mejorado o se ha mantenido estable en diecinueve Estados miembros en comparación con 2016. La percepción de la independencia judicial también ha mejorado, tanto entre la población en general como entre las empresas, en los países con problemas sistémicos de independencia judicial.
• Panorama del nombramiento de los fiscales y de la destitución del Fiscal General. En catorce Estados miembros, los consejos de la fiscalía independientes o la propia fiscalía nombran a los fiscales. La facultad del poder ejecutivo (ya sea el ministro de Justicia, el Gobierno o el Jefe del Estado) de nombrar fiscales está sujeta a control judicial en prácticamente todos los doce Estados miembros en los que los fiscales son nombrados de esa manera. También es obligatorio en prácticamente todos esos doce Estados miembros indicar los motivos del rechazo de un candidato a fiscal. Veinte Estados miembros otorgan al poder ejecutivo o al parlamento la facultad de destituir al fiscal general, en cinco de ellos a propuesta del Consejo del Poder Judicial, y a este se otorga esa facultad en seis Estados miembros. Dieciséis Estados miembros ofrecen la posibilidad de revisar la decisión.
• Posibilidades actuales de mejorar la digitalización de los sistemas judiciales. Solo seis Estados miembros cuentan con normas procesales que permitan admitir pruebas en formato digital en asuntos civiles, mercantiles, administrativos y penales. En veintiséis Estados miembros, esta posibilidad solo es posible en algunos asuntos o en algunos ámbitos del Derecho. Además, las conclusiones de la edición de este año ponen de manifiesto que todavía hay margen de mejora en lo que respecta a la posibilidad de incoar un procedimiento o presentar una demanda en línea. Nueve Estados miembros permiten esta posibilidad tan solo en algunas situaciones o no la permiten en absoluto.
• La mayoría de los Estados miembros aplica medidas de apoyo específicas a la participación de las personas con discapacidad como profesionales del sistema judicial. Veinte Estados miembros aplican al menos algunas medidas específicas de apoyo a la participación de las personas con discapacidad.
• Variedad en el alcance de las medidas específicas para adaptar los procedimientos a los menores implicados como víctimas o como sospechosos o acusados. En veintiséis Estados miembros se facilita información sobre los procedimientos y los derechos de la víctima o del sospechoso de manera adaptada a los menores, y en dieciocho Estados miembros, los procesos penales que afecten a menores se tramitan con carácter de urgencia.

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Próximas etapas

La información incluida en el cuadro de indicadores de la justicia en la UE contribuye a la supervisión que se lleva a cabo en el marco del Mecanismo Europeo del Estado de Derecho y sus conclusiones se incorporarán al informe sobre el Estado de Derecho correspondiente a 2024 de la Comisión. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2024 se ha reelaborado para satisfacer la necesidad de información comparativa adicional (por ejemplo, nuevas cifras relativas a los salarios de los jueces y fiscales y sobre el procedimiento para destituir al fiscal general) que se determinó al preparar el Informe sobre el Estado de Derecho de 2023. Los datos del cuadro de indicadores también se utilizan a efectos del seguimiento de los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

Antecedentes

La Comisión utiliza el cuadro de indicadores de la justicia en la UE, que se puso en marcha en 2013, para supervisar las reformas de la justicia en los Estados miembros y es uno de los componentes del conjunto de instrumentos del Estado de Derecho de la UE. El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:

• Eficiencia: indicadores sobre duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.
• Calidad: indicadores sobre la accesibilidad (por ejemplo, asistencia jurídica gratuita y tasas judiciales), la formación, el presupuesto y los salarios de jueces y fiscales, los recursos humanos y la digitalización.
• Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre la población en general y las empresas, y sobre las salvaguardias relativas a los jueces y al funcionamiento de las fiscalías nacionales.

Al igual que en ediciones anteriores, la de 2024 presenta datos de dos encuestas del Eurobarómetro sobre la manera en que perciben la población y las empresas la independencia judicial en cada Estado miembro.

Las conclusiones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2024 se han tenido en cuenta en la evaluación específica por país llevada a cabo en el marco del Semestre Europeo de 2024, y también en la evaluación de la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros, así como en el Informe anual sobre el Estado de Derecho. En 2024, la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, que establece las orientaciones estratégicas para mitigar los efectos negativos de las perturbaciones energéticas, fomentar el crecimiento sostenible y aumentar la resiliencia de la UE, reitera la conexión existente entre unos sistemas judiciales eficaces y una economía al servicio de las personas en los Estados miembros. El correcto funcionamiento y la plena independencia de los sistemas judiciales tienen un efecto positivo en las decisiones de inversión y en la voluntad de todos los agentes económicos de acometer proyectos de inversión.

Con cargo al programa «Justicia» de 2021-2027, la UE destina más de 305 millones de euros al fomento de un espacio europeo de justicia. También contribuirá a mejorar la eficacia de los sistemas judiciales nacionales y a reforzar el Estado de Derecho, la democracia y la protección de los derechos fundamentales, sobre todo mediante un acceso real a la justicia por parte de los ciudadanos y las empresas. El programa financia actividades que abarcan la formación de jueces y otros profesionales de la justicia, el aprendizaje mutuo, la cooperación judicial y la concienciación.

Más información: Comisión Europea