Defensa y Seguridad

El asunto tiene su origen en tres demandas contra la Federación Rusa presentadas ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por seis nacionales rusos cuyos nombres y datos personales figuran en el cuadro adjunto («los demandantes»), el 20 de julio de 2010, el 5 de abril de 2014 y el 17 de mayo de 2014.

El presente caso se refiere a un incendio que se produjo en un centro de detención, en el que murieron tres inmigrantes detenidos y el demandante sufrió lesiones graves. El demandante se quejó, en virtud de las disposiciones sustantivas y procesales del artículo 2 del Convenio, de que las autoridades no protegieron su vida y no investigaron adecuadamente el incidente.

El asunto se refiere a la denuncia del demandante, con arreglo al artículo 13 del Convenio, de que las autoridades lituanas no adoptaron medidas positivas para proteger a las personas homosexuales, incluido el demandante, de la incitación al odio.

El asunto se refiere a la denuncia de los demandantes de que el primer demandante había sido despedido de su puesto de trabajo en la empresa AB Amber Grid debido a su papel en las actividades del segundo demandante, el sindicato de los empleados de dicha empresa. Ambos demandantes denunciaron que el despido del primer demandante había violado su derecho a la libertad de asociación, que había sido discriminatorio y que sus reclamaciones no habían sido debidamente examinadas a nivel nacional.

El recurso se refiere a una resolución judicial que ordena a la sociedad demandante publicar una rectificación relativa a un artículo de prensa sobre la vinculación de un funcionario político con el partido en el poder de la República Democrática Alemana (RDA).

El caso se refiere a una atención médica inadecuada en prisión para un recluso con graves discapacidades motrices y a una infección por VHC que supuestamente se produjo en prisión (artículo 3 del Convenio). El demandante también se quejó de la ausencia de un recurso efectivo con respecto a dichas quejas (artículo 13 del Convenio).