Agricultura y Pesca

El hijo del demandante nació en 2006, pero el demandante nunca fue inscrito en el registro de nacimientos como padre del niño. El caso se refiere al intento infructuoso del demandante de obtener la anulación de una decisión judicial por la que su hijo biológico fue adoptado por otro hombre.

La demanda se refiere a la compatibilidad con el artículo 11 del Convenio de la proscripción de la asociación demandante, que implica su disolución y el embargo de sus bienes, por perseguir objetivos incompatibles con el concepto de entendimiento internacional entre los pueblos (Völkerverständigung, en lo sucesivo, «entendimiento internacional»). La prohibición se basaba en la constatación de que una sociedad de beneficencia a la que la asociación demandante había hecho casi la mitad de sus donaciones financieras estaba asociada con Hamás, una organización terrorista.

La demanda se refiere a la denuncia de una infracción del artículo 3 del Protocolo nº 1 del Convenio como consecuencia de la imposibilidad para los demandantes de votar en dos elecciones legislativas al Parlamento búlgaro, celebradas respectivamente el 4 de abril de 2021 y el 11 de julio de 2021, debido a que eran reclusos condenados que cumplían efectivamente sus penas en el momento en que se celebraron las elecciones.

El asunto tiene su origen en una demanda contra Rumanía presentada ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por una sociedad mercantil rumana, Credit Europe Leasing Ifn S.A. («la sociedad demandante»), el 17 de junio de 2011. Tras serle notificado que la sociedad demandante había cambiado su denominación social por la de Credit Europe Asset Management S.A., el Tribunal comunicó a las partes el 21 de agosto de 2019 que continuaría tramitando la demanda con el nombre de Credit Europe Leasing Ifn S.A. c. Rumanía.

La demanda se refiere a la no ejecución de las resoluciones judiciales que fijan el régimen de visitas entre el demandante y su hijo, que estaba bajo la custodia de su madre. Según el demandante, la madre había distanciado al niño de él, y las autoridades no habían sido suficientemente activas para ayudarle a restablecer la relación con su hijo, a pesar de que había presentado varias solicitudes a tal efecto. En su sentencia Anagnostakis y otros c. Grecia (nº 46075/16, 23 de septiembre de 2021), el Tribunal había constatado una violación del artículo 8 del Convenio debido al retraso en el procedimiento de fijación del régimen de visitas entre el demandante y su hijo.

La demanda contiene quejas en virtud de los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 y 34 del Convenio en relación con la detención y el juicio del hijo del demandante.