El Consejo ha adoptado un acto legislativo para proteger a las personas que se pronuncian sobre asuntos de interés público de las demandas abusivas destinadas a silenciarlas.
Las personas que son el objetivo de las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (en lo sucesivo, «demandas estratégicas») —normalmente periodistas y defensores de los derechos humanos— se beneficiarán de una serie de garantías y medidas procesales. Dichas garantías y medidas se aplicarán a las pretensiones manifiestamente infundadas o a acciones judiciales abusivas en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas.
Garantías procesales
Las personas que son el objetivo de demandas estratégicas podrán pedir al órgano jurisdiccional que desestime una demanda manifiestamente infundada en la fase más temprana posible. Si se estima que las acciones judiciales son abusivas, los órganos jurisdiccionales podrán decidir, por ejemplo, que el demandante cargue con las costas procesales, incluidos los costes de representación legal en que haya incurrido la víctima de las demandas estratégicas. Para garantizar que se indemnice al demandado, el órgano jurisdiccional también podrá ordenar al demandante que constituya una caución financiera para cubrir los costes procedimentales y, si así lo prevé el Derecho nacional, los daños y perjuicios sufridos por el demandado.
Los órganos jurisdiccionales deben adoptar con celeridad la decisión sobre la desestimación temprana de un asunto y sobre la constitución de una caución financiera.
El Consejo y el Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre la normativa comunitaria de protección de periodistas y defensores de los Derechos Humanos
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Con el fin de desalentar tales acciones judiciales abusivas, el juez o magistrado también puede decidir imponer sanciones u otras medidas igualmente eficaces a la parte que haya iniciado el caso de la demanda estratégica.
Repercusiones transfronterizas y sentencias dictadas en terceros países
De acuerdo con la Directiva, se considerará que un caso de demanda estratégica tiene repercusiones transfronterizas salvo si ambas partes están domiciliadas en el mismo Estado miembro que el órgano jurisdiccional que se ocupa del asunto y si todos los demás elementos pertinentes para la situación se encuentren en dicho Estado miembro.
Si una persona que vive en la UE es objeto de una demanda estratégica en un tercer país, los Estados miembros de la UE deben denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia dictada en dicho tercer país con motivo de dicha demanda si esta se considera manifiestamente infundada o abusiva en el Estado miembro en cuestión.
Otras medidas correctivas
Los Estados miembros deberán establecer normas que permitan a las asociaciones, organizaciones y sindicatos apoyar al demandado o facilitar información en los procesos.
Para ofrecer un mayor apoyo a las víctimas de demandas estratégicas, los Estados miembros tendrán que proporcionar, en un único soporte, información sobre las garantías procesales y las medidas correctivas disponibles para las víctimas de estas demandas.
Siguientes etapas
La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Posteriormente, los Estados miembros dispondrán de dos años para transponer el acto legislativo a la legislación nacional.
Más información: Consejo de la UE
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