Nueva normativa de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Los eurodiputados aprobaron normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.

Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior adoptaron el martes su posición sobre tres proyectos legislativos relativos a las disposiciones de financiación de la política de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). El paquete incluye:

• El «reglamento único» de la UE, con disposiciones sobre la diligencia debida con los clientes, la transparencia de los beneficiarios efectivos y el uso de instrumentos anónimos, como las criptomonedas, y de nuevas entidades, como las plataformas de crowdfunding. También incluye disposiciones sobre los llamados pasaportes «dorados» y los visados. El texto fue aprobado por 99 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones.
• La sexta directiva contra el blanqueo de capitales contiene disposiciones nacionales sobre supervisión y unidades de inteligencia financiera, así como sobre el acceso de las autoridades competentes a información necesaria y fiable, como registros de beneficiarios efectivos y activos almacenados en zonas francas. El texto fue aprobado por 107 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones.
• Reglamento por el que se crea la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), dotada de competencias de supervisión e investigación para garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El texto fue aprobado por 102 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.

Lea aquí las declaraciones de los eurodiputados que dirigirán las negociaciones sobre la forma final de los proyectos de ley.

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Según los textos adoptados, las entidades, como los bancos, los gestores de activos y criptoactivos, los agentes inmobiliarios y virtuales y los clubes de fútbol profesional de alto nivel, deberán verificar la identidad de sus clientes, lo que poseen y quién controla la empresa. También tendrán que establecer detalladamente los tipos de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en su sector de actividad, y transmitir la información pertinente a un registro central.

Para restringir las transacciones en efectivo y criptoactivos, los eurodiputados quieren limitar los pagos que pueden aceptar las personas que ofrecen bienes o servicios. Establecen límites de hasta 7.000 euros para los pagos en efectivo y de 1.000 euros para las transferencias de criptoactivos, cuando el cliente no pueda ser identificado. Dado el riesgo manifiesto de uso indebido por parte de delincuentes, los eurodiputados quieren prohibir cualquier sistema de ciudadanía por inversión («pasaportes dorados») e imponer fuertes controles contra el blanqueo de capitales a los sistemas de residencia por inversión («visados dorados»).

Unidades de inteligencia financiera

Cada Estado miembro debe crear una unidad de inteligencia financiera (UIF) para prevenir, denunciar y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las UIF deben compartir información entre sí y con las autoridades competentes, así como cooperar con AMLA, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea.

Información sobre la titularidad real

Para detectar tramas de blanqueo de capitales y congelar activos a tiempo, las UIF nacionales y otras autoridades competentes deben poder acceder a información sobre beneficiarios efectivos, cuentas bancarias y registros de la propiedad o de bienes inmuebles. Dado que ciertos bienes son atractivos para los delincuentes, los eurodiputados también quieren que los Estados miembros agreguen información sobre la propiedad de bienes como yates, aviones y coches de más de 200.000 euros o bienes almacenados en zonas francas.

Los eurodiputados acordaron que por titularidad real se entiende tener el 15% más una acción, o derechos de voto, u otra participación directa o indirecta, o el 5% más una acción en la industria extractiva o en una empresa expuesta a un mayor riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Registros de beneficiarios efectivos

La información sobre la titularidad real contenida en los registros centrales nacionales deberá estar disponible en formato digital, en una lengua oficial de la UE además del inglés, e incluir información actual e histórica correspondiente a un periodo definido. La entidad encargada del registro central tendrá derecho a solicitar a las personas jurídicas y jurídicas cualquier información necesaria para identificar y verificar a sus beneficiarios efectivos.

Esta información deberá estar actualizada y a disposición de las UIF, la AMLA, las autoridades competentes, los organismos de autorregulación y las entidades obligadas. No proporcionar datos precisos y adecuados a los registros será sancionado. Las entidades encargadas de los registros centrales deberán poder emplear una tecnología adecuada para llevar a cabo las verificaciones.

Acceso a la información

A raíz de la última sentencia del Tribunal de Justicia, los eurodiputados decidieron que las personas con un interés legítimo, como periodistas, reporteros, cualquier otro medio de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior, deben poder acceder al registro, incluidos los registros centrales interconectados. Su derecho de acceso será válido durante al menos dos años y medio. Los Estados miembros renovarán automáticamente el acceso, pero también lo revocarán o suspenderán si se abusa de él.

El interés legítimo debe aplicarse sin discriminación alguna por motivos de nacionalidad, país de residencia o de establecimiento.

La AMLA garantizará una aplicación coherente

La nueva AMLA vigilaría los riesgos y amenazas dentro y fuera de la UE y supervisaría directamente determinadas entidades financieras y de crédito, clasificándolas según su nivel de riesgo. Inicialmente, se encargaría de supervisar 40 entidades con el perfil de riesgo residual más elevado y presentes en al menos dos Estados miembros. Como mínimo, se elegiría una entidad de cada Estado miembro.

Para cumplir sus funciones, la AMLA podría obligar a empresas y personas a entregar documentos y otra información, realizar visitas in situ con autorización judicial e imponer sanciones de entre 500.000 y 2 millones de euros, o entre el 0,5% y el 1% del volumen de negocio anual, en caso de infracciones graves, y de hasta el 10% del volumen de negocio anual total de la entidad obligada en el ejercicio anterior.

En su posición sobre el proyecto de ley, los eurodiputados quieren ampliar las competencias de la agencia a la elaboración de listas de países extracomunitarios de alto riesgo. Los eurodiputados también quieren otorgar a la AMLA poderes para mediar entre los supervisores financieros nacionales y resolver disputas, supervisar e investigar la aplicación nacional del código normativo único de lucha contra el blanqueo de capitales, garantizar una supervisión más estricta de los supervisores en el sector no financiero y recibir las denuncias de los denunciantes.

La sede de la agencia se decidirá durante las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo.

Próximos pasos

El Parlamento Europeo estará listo para iniciar las negociaciones sobre el paquete AML/CFT tras una confirmación durante una sesión plenaria en abril.

Más información

Parlamento Europeo