Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo revela que los instrumentos de la UE para ayudar a los agricultores a asegurar sus ingresos frente a la caída de precios y las pérdidas de producción solo han cumplido en parte sus objetivos, mientras que su utilización sigue siendo escasa y desigual. Los auditores sostienen además que algunas medidas excepcionales no se han orientado correctamente y pueden dar lugar a pagos compensatorios desproporcionados.
La política agrícola común (PAC) de la UE contiene una serie de medidas cuya finalidad es garantizar una renta estable y adecuada para el agricultor. Los pagos directos a los 6,4 millones de agricultores repartidos en los 28 Estados miembros ascienden a 41 000 millones de euros al año. Junto con estos pagos directos, la PAC incluye instrumentos específicos para prevenir y gestionar riesgos y crisis en el sector agrícola. Por ejemplo, se puede recurrir a los seguros y a los fondos mutuales para estabilizar los ingresos de las explotaciones. También existen medidas excepcionales destinadas a estabilizar el mercado en general si surge una perturbación grave, como el hecho de que Rusia decidiera en 2014 prohibir determinadas importaciones agrícolas procedentes de la UE.
Los auditores examinaron específicamente si estos instrumentos se habían establecido de manera eficiente y si daban resultados. En particular, se centraron en la ayuda de la UE a los seguros y las medidas excepcionales introducidas en el sector de frutas y hortalizas tras las sanciones rusas de 2014.
Los auditores reconocen que la PAC contiene diversas formas de salvaguardar los ingresos. Los pagos directos desempeñan una función importante en este contexto. Representan de media una cuarta parte de los ingresos de las explotaciones, lo que permite a los agricultores gestionar mejor la caída de precios o una menor producción, y reducir así su necesidad de contratar un seguro. Al mismo tiempo, la PAC promueve cada vez más las medidas preventivas, especialmente instando a los agricultores a adoptar buenas prácticas agrícolas y medioambientales. Sin embargo, los auditores constataron que el efecto de esta actividad en la conducta del agricultor es limitado, ya que es posible que los agricultores asegurados tengan menos incentivos para aplicar una estrategia de negocio resiliente o adaptarse al cambio climático.
Los auditores sostienen que la mayor parte de los 2 600 millones de euros presupuestados por la UE para ayudar a los agricultores a contratar un seguro frente a la volatilidad de los precios y las pérdidas de producción han tenido escasa repercusión. El dinero llega a un número muy reducido de agricultores, puesto que menos del 10 % de aquellos que contratan un seguro lo hace con la ayuda de la UE. La mayoría de agricultores ni siquiera se plantea mitigar el riesgo puesto que, si surge una crisis, esperan recibir en cualquier caso una ayuda pública sustancial. Asimismo, la ayuda de la UE a los seguros no se canaliza hacia los que realmente la necesitan. En los dos Estados miembros que más la utilizan (Italia y Francia), los auditores observaron una concentración de esta ayuda en el sector vitivinícola. En este sector, en el que el capital asegurado puede alcanzar los 115 000 euros por hectárea, muchos beneficiarios habrían asegurado su producción aun sin las subvenciones de la UE, por su capacidad financiera y su perfil de riesgo.
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