La seguridad de abastecimiento de la UE en el contexto de la guerra de Ucrania ha dado un paso importante con el acuerdo político provisional alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la legislación relativa al almacenamiento de gas. El reglamento propuesto tiene por objeto garantizar que las capacidades de almacenamiento en la UE se llenen antes de la temporada de invierno y puedan compartirse entre los Estados miembros con un espíritu de solidaridad.
Los colegisladores acordaron durante las negociaciones interinstitucionales que el almacenamiento subterráneo de gas en el territorio de los Estados miembros debería llenarse al menos hasta el 80% de su capacidad antes del invierno de 2022/2023 y hasta el 90% antes de los siguientes períodos invernales. La Unión intentará llenar colectivamente el 85% de la capacidad de almacenamiento subterráneo de gas en 2022. La obligación de llenado se limitará a un volumen del 35% del consumo anual de gas de los Estados miembros en los últimos cinco años, para evitar un impacto desproporcionado en determinados Estados miembros con una capacidad de almacenamiento importante.
El acuerdo provisional también estipula que los Estados miembros podrían cumplir parcialmente el objetivo del 90% contando con las existencias de gas natural licuado (GNL) o combustibles alternativos almacenados en las instalaciones.
Como no todos los Estados miembros tienen instalaciones de almacenamiento en su territorio, los colegisladores acordaron que los Estados miembros sin instalaciones de almacenamiento tendrían acceso a las reservas de gas de otros Estados miembros.
Para compartir la carga financiera de las obligaciones de llenado, los Estados miembros sin instalaciones de almacenamiento subterráneo utilizarán la capacidad de almacenamiento correspondiente al 15% de su consumo anual de gas en los últimos cinco años. Como alternativa, los Estados miembros pueden organizar el establecimiento de un mecanismo alternativo de reparto de la carga.
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Los colegisladores decidieron un sistema de «trayectoria de llenado», que permitirá un seguimiento continuo durante toda la temporada de llenado. En 2022, las trayectorias se fijarán en el reglamento con un margen de flexibilidad del 5%. A partir de 2023, las trayectorias serán propuestas por los Estados miembros y establecidas mediante actos de ejecución adoptados por la Comisión.
El Consejo y el Parlamento también han acordado la certificación obligatoria de todos los gestores de redes de almacenamiento para evitar los riesgos potenciales de influencia externa en las infraestructuras críticas de almacenamiento, que podrían poner en peligro la seguridad del suministro energético y otros intereses esenciales de seguridad. La certificación dará prioridad a las instalaciones de almacenamiento más grandes y a las instalaciones de almacenamiento que recientemente se han llenado a niveles constantemente bajos. Los Estados miembros dispondrán de 150 días tras la entrada en vigor del Reglamento para certificar las instalaciones prioritarias y de 18 meses para certificar las demás instalaciones. Los operadores no certificados deberán renunciar a la propiedad o al control de las instalaciones de almacenamiento.
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El Consejo y el Parlamento acordaron añadir una referencia a la diversificación de los proveedores de gas y la reducción de la dependencia energética de la UE en un considerando del reglamento. También añadieron el uso de compras conjuntas de gas en la lista de medidas que los Estados miembros pueden adoptar para garantizar los objetivos de llenado. La lista incluye, entre otras cosas, incentivos financieros, instrumentos que obligan a los proveedores de gas a almacenar volúmenes mínimos de gas en instalaciones de almacenamiento e instrumentos que obligan a los titulares de la capacidad de almacenamiento a utilizar o liberar las capacidades reservadas no utilizadas.
Los colegisladores acordaron que las obligaciones de llenado expirarán el 31 de diciembre de 2025, mientras que las obligaciones de certificación continuarán después de esa fecha. También decidieron conceder una excepción a Chipre, Malta e Irlanda mientras no estén directamente interconectados con el sistema de gas de otros Estados miembros.
Más información: Consejo Europeo – Comunicado de prensa
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