Productos y servicios más accesibles
La primera de las normas que se transpone es la Directiva 2019/882, que garantiza la no discriminación de las personas con discapacidad a la hora de acceder a determinados productos y servicios.
Entre los productos se incluyen los equipos informáticos y sistemas operativos de uso general, terminales de autoservicio y las respuestas que se ofrecen desde el número europeo de emergencia 112.
Los servicios que aplicarán nuevos requisitos para ser más accesibles son los que funcionan en el ámbito de la comunicación audiovisual, el transporte aéreo de viajeros, el transporte regular por autobús, ferrocarril y mar, los servicios bancarios para consumidores, los libros electrónicos, los servicios de comercio electrónico y redes sociales, entre otros.
Entrada y residencia de trabajadores de alta cualificación
La segunda directiva que incorpora este Proyecto de Ley es la Directiva 2021/1883. La norma europea establece las condiciones y los derechos de entrada y residencia en la UE de nacionales altamente cualificados -y sus familias- que no sean ciudadanos europeos y que permanezcan más de 3 meses en un Estado miembro. O bien de quienes trabajen en un Estado miembro distinto del que les haya concedido la tarjeta azul de la UE (documento que les permite vivir y trabajar en la Unión Europea).
Su incorporación al ordenamiento español implica modificar la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización para adaptarse a los nuevos requisitos documentales y facilitar la ampliación de los trámites, que podrán realizarse por vía telemática a través del Punto de Atención al Emprendedor (PAE).
Modificación de la Ley del IVA
También se transpone la Directiva 2020/284 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de determinados requisitos para los proveedores de servicios de pago.
La directiva se planteó ante el notable incremento del comercio electrónico transfronterizo, que trae como consecuencia el aumento de fraudes por elusión del IVA. Para combatir este tipo de fraude, la norma obliga a los proveedores de servicios de pago a mantener registros detallados de determinadas transacciones fronterizas.
La transposición de esta directiva supondrá reformar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para que regule dichas obligaciones y redefina conceptos como el de proveedor de servicios de pago, ordenante, beneficiario, cuenta de pago, IBAN o BIC.
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Digitalización de sociedades
La Directiva 2019/1151, conocida como “Directiva de digitalización de sociedades”, es otra de las normas que transpone este proyecto de ley. La norma europea se planteó para facilitar la creación telemática o en línea de sociedades y sucursales, además de ofrecer información exhaustiva sobre ellas a través de medios online y de forma gratuita.
Para transponerse al ordenamiento español, deberán modificarse varias normas nacionales, como el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital, la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado, así como leyes sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social (leyes 14/2000 y 24/2001).
Impuestos especiales y bebidas alcohólicas
A estas 4 directivas incluidas en el proyecto de ley, la comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso ha sumado dos más que se incorporaron en el informe de la ponencia: la Directiva 2020/262 por la que se establece un régimen general de los impuestos especiales y la Directiva 2020/1151, que modifica la Directiva relativa a la armonización de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.
La incorporación de la primera directiva supondrá modificar la Ley de Impuestos Especiales y el Reglamento de Impuestos Especiales para que acojan las novedades técnicas, los procedimientos y la unificación de términos empleados en el ámbito aduanero de la UE en torno a este tipo de impuestos.
Por su parte, la transposición de la segunda directiva obligará a España a emplear la nomenclatura exacta que se usa para describir los productos derivados del alcohol (vinos espumosos, bebidas fermentadas espumosas, etc) y unificarla, así, en toda Europa.
Responsabilidad civil por daños nucleares
Además, mediante este proyecto de ley se modifica la Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, tras la entrada en vigor de los Protocolos de 2004 de enmienda del Convenio de París sobre la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, y de su Complementario de Bruselas, de 31 de enero de 1963. Su entrada en vigor obliga a revisar el régimen de responsabilidad civil nuclear aplicable en las Partes Contratantes para ofrecer una mayor protección de las víctimas en caso de un accidente nuclear.
La votación de mañana será el último paso de la tramitación legislativa de esta ley. En caso de que el Congreso apruebe las enmiendas presentadas por el Senado, la norma estará lista para su entrada en vigor y las directivas quedarán oficialmente transpuestas.
Más información: Parlamento Europeo en España
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