El sistema judicial español ha seguido experimentando una importante evolución. El hecho de que la renovación del Consejo del Poder Judicial esté pendiente desde diciembre de 2018 sigue siendo una preocupación.
En este contexto, se ha vuelto a pedir que se modifique el sistema de nombramiento del Consejo en consonancia con las normas europeas para que no menos de la mitad de los jueces-miembros sean elegidos por sus pares. Se adoptaron enmiendas legales para aumentar la transparencia de las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, mientras que la preocupación por la que aún sigue existiendo la preocupación por la coincidencia de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno.
El Comité de Ética Judicial emitió un dictamen sobre los deberes éticos de los jueces que vuelven a sus funciones judiciales después de haber ocupado un cargo político. Se está avanzando en cuanto a la calidad del sistema judicial, como la aplicación de medidas que facilitan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley sobre el derecho de defensa están avanzando. La digitalización de la justicia está muy avanzada y se están abordando las deficiencias. Continúan los esfuerzos para abordar los retos relacionados con los recursos del poder judicial. La duración de los procedimientos sigue siendo un reto, aunque se está trabajando Aunque se está trabajando en proyectos de ley para mejorar la eficiencia del sistema judicial.
2022 Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Spain |
Además de recordar los compromisos adquiridos en el marco del Plan nacional de recuperación y resiliencia en relación con determinados aspectos del sistema de justicia, se recomienda a España:
- Reforzar el estatuto del Fiscal General, en particular en lo relativo a la separación de separación de los mandatos del Fiscal General del Gobierno, teniendo en cuenta los teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la fiscalía.
- Proceder a la renovación del Consejo de la Magistratura con carácter prioritario e iniciar inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas.
- Continuar los esfuerzos para presentar la legislación sobre los grupos de presión, incluyendo el establecimiento de un registro público obligatorio de los grupos de presión.
- Abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel.
- Garantizar los recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales reforzar sus operaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios de comunicación, en particular en lo que respecta a la adecuación de los recursos.
- Seguir trabajando para reforzar el acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales.
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