La Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político sobre la Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas.
A partir de ahora se seguirá trabajando a nivel técnico con el fin de ultimar el acuerdo provisional sobre el texto jurídico completo. Este acuerdo se someterá a la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo antes de que se lleve a cabo el procedimiento formal de adopción.
Esta Directiva tiene por objeto reducir las vulnerabilidades y aumentar la resiliencia física de las entidades críticas. Se trata de entidades que prestan servicios vitales de los que dependen los medios de subsistencia de los ciudadanos de la UE y el correcto funcionamiento del mercado interior. Por ejemplo, dichas entidades deben poder prepararse ante las catástrofes naturales, el terrorismo, las emergencias sanitarias o los ataques híbridos y hacerles frente, y protegerse, responder y recuperarse de ellos.
El texto incluye entidades críticas en una serie de sectores como la energía, el transporte, la salud, el agua potable, las aguas residuales o el espacio. Las administraciones públicas centrales también quedarán incluidas en determinadas disposiciones del proyecto de Directiva.
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Los Estados miembros tendrán que contar con una estrategia nacional para aumentar la resiliencia de las entidades críticas, llevar a cabo una evaluación de riesgos al menos cada cuatro años y determinar cuáles son las entidades críticas que prestan servicios esenciales. Las entidades críticas tendrán que identificar los riesgos pertinentes que puedan perturbar significativamente la prestación de servicios esenciales, tomar las medidas adecuadas para garantizar su resiliencia y notificar los incidentes perturbadores a las autoridades competentes.
La propuesta de Directiva también establece normas para la identificación de las entidades críticas de particular importancia europea. Se considerará que una entidad crítica es de particular importancia europea cuando preste un servicio esencial a seis o más Estados miembros. En ese caso, los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que organice una misión de asesoramiento o ella misma podrá proponer, con el acuerdo del Estado miembro de que se trate, la evaluación de las medidas que la entidad en cuestión haya adoptado para cumplir las obligaciones relacionadas con la Directiva.
La Comisión se congratula del acuerdo político alcanzado sobre las nuevas normas para mejorar la resistencia de las entidades críticas
La Comisión se congratula del acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas (Directiva RCE), propuesta por la Comisión en diciembre de 2020.
Como parte fundamental de la labor de la UE para construir una Unión de la Seguridad, la nueva normativa reforzará la resiliencia de las infraestructuras críticas frente a toda una serie de amenazas, como los peligros naturales, los atentados terroristas, las amenazas internas o el sabotaje, así como las emergencias de salud pública, como la reciente pandemia de COVID-19.
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Ante un panorama de riesgos cada vez más complejo, la nueva Directiva sustituye a la Directiva europea sobre infraestructuras críticas de 2008. Un ámbito sectorial más amplio permitirá a los Estados miembros y a las entidades críticas abordar mejor las interdependencias y los posibles efectos en cascada de un incidente. Se cubrirán once sectores: energía, transporte, banca, infraestructuras de los mercados financieros, salud, agua potable, aguas residuales, infraestructuras digitales, administración pública, espacio y alimentos.
Más información:
Consejo Europeo – Comunicado de prensa
Comisión Europea – Comunicado de prensa
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