Informe sobre el Estado de Derecho 2023 – Resumen y recomendaciones para España

El sistema judicial español sigue experimentando algunos avances importantes. La situación del Consejo del Poder Judicial suscita serias preocupaciones ya que, en primer lugar, no se ha renovado el Consejo a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus magistrados miembros.

La falta de renovación está repercutiendo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto, suscitando preocupación en relación con el número de casos juzgados por el Tribunal Supremo y la duración de sus procedimientos. No se han tomado medidas para reforzar el estatuto del Fiscal General. Se creó una Comisión de Deontología para los fiscales. El Consejo del Poder Judicial nombró con cierto retraso a dos miembros del Tribunal Constitucional. El régimen de incompatibilidades de los jueces con otras profesiones, como los nombramientos políticos, sigue suscitando preocupación. Se adoptaron medidas para seguir mejorando la calidad de la justicia, como la asistencia letrada, la digitalización y un proyecto de ley sobre el derecho de defensa. Aumentó el número de jueces y se están tomando medidas para hacer frente a los retos relacionados con los recursos del sistema judicial. La eficiencia de la justicia mejoró en general y se están preparando leyes para mejorarla aún más.

Están pendientes una reforma del procedimiento penal para abordar la duración de las investigaciones y los procesamientos, y un proyecto de ley sobre los grupos de presión. La reforma de los delitos relacionados con la corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y revisó el delito de apropiación indebida, incluso rebajando las penas en algunos casos, lo que fue criticado por las partes interesadas. El Gobierno recibió el mandato de adoptar una estrategia anticorrupción, que deberá estar finalizada para el verano de 2024. Ha mejorado la eficacia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos del Ejecutivo no se aplican suficientemente. Se ha aprobado el Sistema de Integridad de la Administración General para mejorar la integridad del sector público y siguen en revisión los sistemas de incompatibilidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil. A pesar de la petición formal del Tribunal de Cuentas, la Ley que regula la financiación de los partidos políticos sigue sin modificarse. El Parlamento aprobó la legislación destinada a transponer la Directiva sobre denunciantes de irregularidades.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, designada como regulador de los medios de comunicación, ha recibido recursos adicionales. Tras la aprobación de la ley audiovisual en 2022, el registro nacional de proveedores de servicios audiovisuales debe incluir aún a los proveedores de plataformas de intercambio de vídeos y a los proveedores de servicios de especial relevancia. El Gobierno ha trabajado en un proyecto de ley sobre el acceso a la información clasificada que aún no se ha presentado al Parlamento. No se han producido novedades en relación con el marco jurídico de la publicidad institucional y persisten las demandas de una mayor transparencia en la distribución de la publicidad institucional. Los periodistas siguen enfrentándose a desafíos en el desempeño de sus actividades profesionales.

Han surgido preocupaciones en relación con ciertas prácticas de procedimiento en el Parlamento. El Gobierno siguió aplicando iniciativas para aumentar la participación pública en la elaboración de políticas, y el Parlamento aprobó una Ley de Evaluación de las Políticas Públicas. El Parlamento aprobó una nueva ley por la que se crea un Organismo para la Igualdad. El nombramiento de los miembros de ciertas autoridades independientes sigue sufriendo retrasos. El Tribunal Constitucional publicó un plan de acción para acelerar los procedimientos. Las negociaciones en el Parlamento sobre una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, destinada a abordar las preocupaciones de la sociedad civil, no prosperaron.

 

2023 Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Spain

 

Recomendaciones

En general, en relación con las recomendaciones del Informe 2022 sobre el Estado de Derecho, España :

• No ha avanzado en el fortalecimiento del Estatuto del Fiscal General del Estado, en particular en lo que se refiere a la separación de los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía.
• No se ha avanzado en la renovación del Consejo de la Magistratura como cuestión prioritaria y en el inicio, inmediatamente después de la renovación, de un proceso para adaptar el nombramiento de sus magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas.
• Avances significativos en la continuación de los esfuerzos para presentar legislación sobre grupos de presión, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de presión.
• No se ha avanzado en la resolución de los problemas relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficiencia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel.
• Se ha aplicado plenamente la recomendación de garantizar los recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales refuerce sus operaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios de comunicación, en particular por lo que se refiere a la adecuación de los recursos.
• Se ha avanzado algo en la continuación de los trabajos para reforzar el acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales.

Sobre esta base, y teniendo en cuenta otros avances que tuvieron lugar en el periodo de referencia, y además de recordar los compromisos adquiridos en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en relación con determinados aspectos del sistema de justicia, se recomienda a España que

• Reforzar el estatuto del Fiscal General del Estado, en particular en lo relativo a la separación de los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la fiscalía.
• Proceder a la renovación del Consejo de la Magistratura con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Magistratura.
• Proceder a la adopción de legislación sobre grupos de presión, incluida la creación de un registro público obligatorio de grupos de presión.
• Redoblar los esfuerzos para hacer frente a los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos a fin de aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, en particular finalizando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel, reforzando el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses.
• Avanzar en el refuerzo del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales.

Más información: Rule of Law Report 2023