Golpe al fraude masivo del IVA en España en una operación apoyada por Eurojust | CDE Almería - Centro de Documentación Europea

Eurojust ha colaborado en una operación contra el fraude del IVA a gran escala, el blanqueo de capitales y la falsificación de documentos, que han costado a las autoridades fiscales españolas 26 millones de euros en concepto de ingresos no percibidos.

En un tiempo récord, la Agencia coordinó la cooperación judicial con Eslovaquia, Bélgica y los Países Bajos para frenar la trama de fraude. Los estafadores habían creado una serie de empresas falsas para evitar el pago del IVA en el mercado interior. Durante una jornada de actuación, se detuvo a 22 sospechosos y se realizaron 24 registros. Se incautaron un total de 13 propiedades y 16 vehículos, y se congelaron decenas de cuentas bancarias.

Las investigaciones sobre la estafa comenzaron a finales de 2019 por parte de las autoridades españolas, con los sospechosos utilizando una serie de supuestas empresas pantalla en España, Eslovaquia, Rumanía, Bélgica y los Países Bajos durante al menos un año y medio para simular que existía un comercio de mercancías. La realidad era que no se entregaban bienes a empresas de otros países, sino que permanecían en el mismo Estado miembro.

El IVA debe pagarse en este tipo de transacciones dentro del mismo país. Fingiendo que se realizaba un comercio a través de la UE, se evitaba el pago del IVA y se defraudaba a la Hacienda española. Para ello se habían creado una serie de empresas ficticias y se habían falsificado documentos comerciales.

A petición de las autoridades españolas, Eurojust organizó una reunión de coordinación y creó un centro de control en pocos días. La Agencia coordinó la transmisión de las solicitudes de Órdenes Europeas de Investigación y de los certificados de congelación de cuentas bancarias. Europol apoyó al centro de coordinación durante el día de la operación.

En España, la operación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas (Madrid), la unidad especial UCO de la Guardia Civil y la unidad especial UDEF de la Policía Nacional, así como las Unidades de Inspección de Madrid y Andalucía y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.

Se contó con el apoyo de la OPP de Bratislava I en la República Eslovaca, de la Fiscalía Federal y de un juez de instrucción del Distrito del Brabante Valón en Bélgica, y del FIOD y del Functioneel Parket en los Países Bajos.