¿Está a la altura la Comisión Europea?

Los miembros del PE quieren que la Comisión Europea demuestre que está a la altura de defender el presupuesto europeo frente a los Estados miembros que vulneren el Estado de derecho.

El pleno tratará junio la aplicación de las normas aprobadas en 2020 que vinculan el desembolso de los fondos europeos con el respeto al Estado de derecho por parte de los países de la UE.

Defender el Estado de derecho: una cuestión de urgencia

Los eurodiputados debatieron el 26 de mayo cómo aplicar las nuevas normas con el director general del departamento de presupuesto de la Comisión Europea, Gert Jan Koopman.

En la reunión conjunta entre las comisiones de Presupuestos y Control Presupuestario, Koopman subrayó que las evaluaciones potenciales de la Comisión con respecto al Estado de derecho en los países de la UE son un asunto sensible: “Las decisiones que se tomen estarán sujetas a una revisión judicial completa por parte del Tribunal [Europeo] de Justicia […] Necesitamos hacer esto bien desde el principio. No podemos permitirnos el lujo de cometer errores y presentar casos que son anulados por la Corte. Eso sería un desastre».

La Comisión está elaborando las directrices a seguir para implementar la ley que, según Koopman, serán consultadas con el Parlamento durante la primera mitad de junio.

Los eurodiputados enfatizaron que no hay necesidad de redactar dichas pautas, ya que el reglamento es suficientemente claro. “Si se quisiera redactar un conjunto de pautas breves, sería suficiente con decir: ‘Eche un vistazo al reglamento’”, dijo el eurodiputado finlandés Petri Sarvamaa, del Partido Popular Europeo.

El Parlamento expresará su opinión sobre las directrices en un informe cuya votación está prevista en la sesión plenaria de julio. “Todos los Estados miembros deberían poder ver que la Comisión lleva a cabo sus investigaciones de forma totalmente objetivia”, defendió Sarvamaa.

“Cuando hablamos de violaciones al Estado de derecho, nos referimos a un tema muy serio. Somos conscientes de que tenemos que tener mucho cuidado con estas evaluaciones. Pero la rigurosidad meticulosidad no pueden posponer para siempre la aplicación del reglamento”, aseveró la eurodiputada socialista española Eider Gardiazabal.

Algunos miembros del PE argumentaron que hay “una crisis sobre el Estado de derecho” en la UE y exigieron a la Comisión que actúe con decisión para evitar que la situación se siga deteriorando. “Tenemos absoluta confianza en la capacidad de la Comisión para monitorear, encontrar y evaluar casos. Tiene algunos de los abogados más inteligentes de Europa, tiene los mejores funcionarios públicos para proteger el presupuesto de la UE y el Estado de derecho «, defendió la eurodiputada alemana Terry Reintke, de Los Verdes/ALE. “Pero da la impresión de que, y hablo en nombre de millones de ciudadanos europeos, os falta el carácter de urgencia. Es como si estuvierais sentados en una casa y llama y dijerais: ‘Antes de que llamemos a los bomberos, en vamos a elaborar pautas sobre cómo se puede extinguir el incendio’”, añadió.

El presupuesto de la UE y el Estado de derecho

La legislación aprobada a finales de 2020 vincula el presupuesto comunitario al respeto del Estado de derecho. Si la Comisión determina que un país ha vulnerado el Estado de derecho y que se compromete la gestión del dinero, puede proponer que se suspendan o congelen los pagos desde las arcas comunitarias a dicho Gobierno.

El Consejo tiene entonces que tomar la decisión sobre las medidas propuestas por mayoría cualificada.

Las reglas buscan proteger los intereses de los beneficiarios de los fondos (agricultores, estudiantes, pequeñas empresas u ONG) que no deben ser castigados por las acciones de sus gobiernos.

Retos legales

El Parlamento insiste en que que se implemente el mecanismo para acabar con las vulneraciones del Estado de derecho que se han dado en algunos países europeos durante los últimos años.

Hungría y Polonia recurrieron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el nuevo mecanismo y pidieron anular el reglamento. En respuesta, los líderes de la UE acordaron en la cumbre del 10 al 11 de diciembre de 2021 que la Comisión tendría que elaborar las directrices para la implementación de las normas y estas no se finalizarían hasta conocerse la sentencia judicial.

El Parlamento insistió en que las normas están en vigor y la Comisión tiene obligación legal de defender los intereses y valores europeos.

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