Los eurodiputados demandan congelar fondos comunitarios a los Estados miembros que no respeten la separación de poderes o no combatan el fraude y la corrupción.
La Comisión Europea, asistida por expertos independientes en derecho constitucional y asuntos financieros, podrá evaluar si un Estado miembro no respeta los principios del Estado de derecho, persigue el fraude fiscal y la corrupción o si implementa el presupuesto de la UE correctamente.
En casos de deficiencias en la gestión del presupuesto de un estado miembro, la Comisión podrá, por ejemplo, reducir la prefinanciación y suspender los pagos una vez que el Parlamento y el Consejo aprueben las medidas. Las nuevas reglas entrarán en vigencia en los términos del próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFP) para el periodo 2021-2027.
Salvaguardar la democracia
Los eurodiputados enfatizaron el 16 de enero en un debate con el comisario de Presupuestos, Günther Oettinger, la necesidad de defender el Estado de derecho para salvaguardar la democracia.
La ponente de la comisión de Presupuestos, la eurodiputada socialista española Eider Gardiazabal Rubial subrayó que “no estamos en una Europa a la carta donde podamos aferrarnos a los derechos y no a los deberes”. “¿Y qué ocurrar tras pasar a formar parte de la UE? ¿Significa que aprobaron el examen y que pueden hacer lo que quieran? Obviamente no. La prueba debe ser continua”, explicó al señalar que si un país se adhiere a la Unión, debe cumplir una serie de criterios económicos, políticos, fiscales y judiciales, por lo que el proceso es largo.
El comisario de Presupuestos destacó que la UE aprovechará mejor el próximo presupuesto a largo plazo, ya que con el nuevo mecanismo servirá para proteger a Europea, a su presupuesto y a sus ciudadanos contra el abuso, el fraude y de cualquier mal uso de los fondos.
Protección de los beneficiarios finales
El proyecto legislativo recoge que aunque al gobierno afectado se le vaya, por ejemplo, a interrumpir los plazos de pago, éste seguirá obligado a desarrollar el programa o proyecto y deberá por tanto pagar a los beneficiarios finales. La Comisión asistirá a los interesados para garantizar que reciben los fondos correspondientes.
La presidenta de la comisión de Desarrollo Regional, la eurodiputada liberal búlgara Iskra Mihaylova, y el ponente de la comisión de Control Presupuestario, Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia), destacaton que hay que asegurar que a los investigadores, organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos no les afecte la congelación de fondos.
Próximos pasos
El nuevo proyecto legislativo, aprobado en el pasado pleno del Parlamento, tendrá que ser negociado ahora con los ministros de la UE, que todavía no han adoptado su posición.
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