El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre importantes propuestas legislativas del paquete «Fit for 55» que reducirán aún más las emisiones y abordarán sus repercusiones sociales. El acuerdo es provisional a la espera de su adopción formal en ambas instituciones.
Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE
El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) es un mercado de carbono basado en un sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión para las industrias de alto consumo energético y el sector de generación de electricidad. Es la principal herramienta de la UE para abordar la reducción de emisiones, y cubre aproximadamente el 40% de las emisiones totales de CO2 de la UE. Desde su introducción en 2005, las emisiones de la UE han disminuido un 41%. El acuerdo alcanzado hoy hace más ambicioso el sistema para reducir aún más las emisiones.
Instalaciones ETS
El Consejo y el Parlamento acordaron aumentar al 62% la ambición global de reducción de emisiones para 2030 en los sectores cubiertos por el RCCDE.
Los colegisladores acordaron una revisión del límite máximo global de emisiones en dos años de 90 y 27 millones de derechos de emisión, respectivamente, y aumentar la tasa de reducción anual del límite en un 4,3% anual de 2024 a 2027 y en un 4,4% de 2028 a 2030 («factor de reducción lineal»).
La reserva de estabilidad del mercado (MSR) se reforzará prorrogando más allá de 2023 el aumento de la tasa anual de admisión de derechos de emisión (24%) y fijando un umbral de 400 millones de derechos.
El Consejo y el Parlamento acordaron reforzar el mecanismo relativo a las fluctuaciones excesivas de los precios, incluso previendo una liberación automática de derechos de la MSR al mercado.
Las instalaciones que se beneficien de asignaciones gratuitas deberán cumplir una serie de condiciones, como la realización de auditorías energéticas y, en el caso de algunas instalaciones, planes de neutralidad climática. Se podrán conceder asignaciones gratuitas transitorias adicionales en determinadas condiciones al sector de la calefacción urbana en algunos Estados miembros, con el fin de fomentar las inversiones en la descarbonización de ese sector. Los colegisladores acordaron suprimir la excepción para las instalaciones de generación de electricidad y transferir los derechos restantes al Fondo de Modernización para apoyar la modernización, diversificación y transformación sostenible del sector energético.
La Comisión evaluará e informará antes del 31 de diciembre de 2026 sobre la posibilidad de incluir el sector de la incineración de residuos municipales en el RCCDE con vistas a incluirlo a partir de 2028 y evaluar la necesidad de una posibilidad de exclusión voluntaria hasta 2031.
Sectores vulnerables a las fugas de carbono
En cuanto a los sectores cubiertos por el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM) – cemento, aluminio, fertilizantes, producción de energía eléctrica, hidrógeno, hierro y acero, así como algunos precursores y un número limitado de productos derivados – el Consejo y el Parlamento acordaron poner fin a los derechos de emisión gratuitos para estos sectores, durante un período de nueve años entre 2026 y 2034. Durante este tiempo, la CBAM se aplicará únicamente a la proporción de emisiones que no se beneficia de derechos gratuitos en el marco del RCCDE, con el fin de respetar plenamente las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Los derechos de emisión gratuitos se eliminarán progresivamente a un ritmo más lento al principio y a un ritmo acelerado al final de este periodo. El apoyo a la descarbonización de estos sectores será posible a través del Fondo de Innovación. Además, una parte de las asignaciones gratuitas producidas como consecuencia de la aplicación de la condicionalidad se transferirá a los Estados miembros para su subasta con el fin de hacer frente a cualquier riesgo residual de fuga de carbono. Antes de 2026, la Comisión revisará el impacto de la CBAM, incluidos los riesgos de fuga de carbono, y verá si son necesarias medidas adicionales.
RCCDE marítimo
El Consejo y el Parlamento acordaron incluir las emisiones del transporte marítimo en el ámbito de aplicación del RCCDE. Acordaron introducir gradualmente la obligación de que las compañías navieras entreguen derechos de emisión: 40% para las emisiones verificadas a partir de 2024, 70% para 2025 y 100% para 2026.
La mayoría de los grandes buques se incluirán desde el principio en el ámbito de aplicación del RCCDE. Los grandes buques de alta mar de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto se incluirán en el Reglamento sobre seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo a partir de 2025 y en el RCCDE a partir de 2027. Los buques de carga general y los buques off-shore de entre 400 y 5.000 toneladas brutas se incluirán en el reglamento MRV a partir de 2025 y su inclusión en el RCCDE se revisará en 2026.
Además, el acuerdo tiene en cuenta las especificidades geográficas y propone medidas transitorias para las islas pequeñas, los buques de clase hielo y los viajes relacionados con las regiones ultraperiféricas y las obligaciones de servicio público, y refuerza las medidas para combatir el riesgo de evasión en el sector marítimo.
Algunos Estados miembros con un número relativamente elevado de compañías marítimas recibirán además un 3,5% del límite máximo de los derechos subastados, que se distribuirá entre ellos.
Los colegisladores acordaron incluir las emisiones distintas del CO2 (metano y N2O) en el reglamento MRV a partir de 2024 y en el RCCDE a partir de 2026.
Fondo de Modernización y Fondo de Innovación
En cuanto al Fondo de Modernización, su volumen se incrementará mediante la subasta de un 2,5% adicional del límite máximo, cuyo 90% deberá destinarse a apoyar inversiones prioritarias. Otros tres Estados miembros podrán recibir financiación (Grecia, Portugal y Eslovenia).
Aunque en principio los proyectos de gas natural no podrán optar a financiación, una medida transitoria permitirá a los actuales beneficiarios del fondo seguir financiando por tiempo limitado proyectos de gas natural en determinadas condiciones.
El Consejo y el Parlamento también han reforzado el Fondo de Innovación. En comparación con el tamaño actual del fondo, se han añadido 20 millones de derechos de emisión adicionales procedentes de la ampliación del ámbito de aplicación del RCCDE marítimo a otros grandes buques y de la inclusión del metano y los nitroxidos. Habrá convocatorias específicas para descarbonizar el sector marítimo en el marco del Fondo de Innovación.
RCCDE para edificios y transporte por carretera y combustibles para sectores adicionales
El Consejo y el Parlamento acordaron crear un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión independiente para el sector de los edificios y el transporte por carretera, así como de combustibles para otros sectores, con el fin de garantizar una reducción rentable de las emisiones en estos sectores, difíciles de descarbonizar hasta ahora. El nuevo sistema se aplicará a los distribuidores que suministren combustibles a los edificios, el transporte por carretera y algunos otros sectores. Parte de los ingresos de la subasta se destinarán a apoyar a los hogares vulnerables y a las microempresas a través de un Fondo Social para el Clima específico.
Los colegisladores acordaron que el sistema empezará a funcionar en 2027. La trayectoria de reducción de emisiones y el factor de reducción lineal se fijaron en 5,10 a partir de 2024 y 5,38 a partir de 2028. El Consejo y el Parlamento acordaron subastar un 30% adicional del volumen subastado durante el primer año de puesta en marcha del sistema, para que funcione sin problemas («frontloading»).
El acuerdo amplía el ámbito de aplicación del sistema a los combustibles utilizados en determinados sectores industriales. Como consecuencia, se ha acordado aumentar proporcionalmente el tamaño del Fondo Social para el Clima.
Los colegisladores han acordado la posibilidad temporal de que los Estados miembros eximan a los proveedores de la entrega de derechos de emisión hasta diciembre de 2030, si están sujetos a un impuesto sobre el carbono a nivel nacional, cuyo nivel sea equivalente o superior al precio de subasta de los derechos en el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión.
Se simplificarán los requisitos de seguimiento, notificación y verificación para los pequeños proveedores de combustible.
En caso de que los precios de la energía sean excepcionalmente altos, el inicio del nuevo RCCDE se retrasará hasta 2028.
Una vez puesto en marcha el sistema, si el precio de los derechos de emisión supera los 45 euros durante un determinado periodo de tiempo, se liberarán derechos adicionales para aumentar la oferta en el mercado.
Fondo Social para el Clima
El Consejo y el Parlamento acordaron crear un Fondo Social para el Clima destinado a ayudar a los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte a hacer frente a las repercusiones en los precios de un régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera y combustibles para sectores adicionales.
El Consejo y el Parlamento acordaron que el fondo formaría parte del presupuesto de la UE y se nutriría de ingresos externos asignados hasta un importe máximo de 65.000 millones de euros. Esta arquitectura presupuestaria permite al fondo beneficiarse de una serie de garantías vinculadas al presupuesto europeo, sin reabrir el marco financiero plurianual de la UE.
El fondo se establecería a lo largo del periodo 2026-2032, con una elegibilidad de gastos a partir del 1 de enero de 2026 basada en la subasta de 50 millones de derechos en 2026 para permitir el apoyo al inicio del fondo («frontloading»), mientras que el nuevo sistema de comercio de emisiones permitiría la financiación del fondo a partir de 2027.
El Fondo será utilizado por los Estados miembros para financiar medidas e inversiones destinadas a hacer frente al impacto de la tarificación del carbono sobre los ciudadanos vulnerables y las microempresas.
Cada Estado miembro presentaría a la Comisión un «plan social sobre el clima», que contendría las medidas e inversiones que pretenden llevar a cabo para amortiguar el impacto del nuevo sistema de comercio de derechos de emisión en los hogares vulnerables. Dichas medidas podrían incluir el aumento de la eficiencia energética de los edificios, la renovación de los mismos, la descarbonización de la calefacción y la refrigeración en los edificios y la adopción de la movilidad y el transporte con cero o bajas emisiones, así como medidas que proporcionen ayudas directas a la renta de forma temporal y limitada.
El Consejo y el Parlamento decidieron aplicar un límite máximo del 37,5% de los costes totales estimados de los planes sociales para el clima a la posibilidad de que los Estados miembros ofrezcan ayudas directas temporales a la renta.
El Consejo y el Parlamento acordaron que el fondo beneficiaría a todos los Estados miembros y mantuvieron el método de asignación propuesto por la Comisión, al tiempo que aumentaron la cuota mínima del fondo por Estado miembro.
Los Estados miembros contribuirán a nivel nacional con cargo a sus propios presupuestos a las medidas emprendidas (cofinanciación del 25%). En cuanto al método de gestión del fondo, el Consejo y el Parlamento acordaron una gestión directa de los resultados combinada con elementos de gestión compartida. Los Estados miembros tendrán la posibilidad de recibir asistencia técnica de hasta el 2,5% para la aplicación de las medidas del plan y el 15% de los recursos podrán utilizarse dentro de los programas de la política de cohesión.
Antecedentes y próximos pasos
Presentado por la Comisión Europea el 14 de julio de 2021, el paquete «Fit for 55» permitirá a la Unión Europea reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.
El Consejo adoptó su orientación general sobre las propuestas relacionadas con el medio ambiente del paquete «Fit for 55» el 29 de junio de 2022.
El acuerdo político alcanzado hoy es provisional a la espera de su aprobación formal. El Parlamento y después el Consejo adoptarán los actos legislativos, tras lo cual se publicarán en el Diario Oficial de la UE y entrarán en vigor.
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