Tras la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros del pasado 12 de julio, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre el informe de sostenibilidad presupuestaria de 2021 de la Comisión.
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros:
Acoge con satisfacción el Informe de sostenibilidad presupuestaria de 2021 que ha presentado la Comisión, que actualiza —a partir de un planteamiento multidimensional más completo y teniendo en cuenta el Informe sobre el envejecimiento de 2021— la evaluación de los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria en el conjunto de la Unión Europea. Reconoce de las mejoras metodológicas que se han introducido en el Informe, en particular la simplificación y el perfeccionamiento del análisis de la sostenibilidad de la deuda —también gracias a la consideración de las repercusiones de las inversiones derivadas del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea («Next Generation EU») en el crecimiento del PIB a medio plazo y a la presentación de un análisis que ilustra los riesgos presupuestarios relacionados con el cambio climático—, aunque observa que, de momento, no se han tenido en cuenta en el análisis los efectos que podrían tener en el crecimiento del PIB a medio plazo las reformas derivadas del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea. Reafirma que el análisis de la sostenibilidad presupuestaria que realiza la Comisión sirve para varios fines, entre los cuales figura la determinación de los riesgos presupuestarios que pudieran estar generándose en los Estados miembros, a fin de que se tengan en cuenta al formular los requisitos y recomendaciones estratégicos en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Semestre Europeo. Toma constancia de que la actualización realizada en el contexto del conjunto de documentos de primavera de la Comisión confirma en términos generales las conclusiones del Informe de sostenibilidad presupuestaria de 2021, con escasas modificaciones de la clasificación en materia de riesgo.
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Tiene en cuenta que, a juicio de la Comisión, los riesgos presupuestarios inminentes parecen globalmente limitados en la mayoría de los Estados miembros, aunque subsisten factores de vulnerabilidad presupuestaria y macroeconómica. La financiación en el marco del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea y los efectos que tendrán previsiblemente en el crecimiento las inversiones realizadas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ejercen un importante papel de mitigación de los riesgos a corto plazo. Sin embargo, los elevados niveles de deuda, que se han incrementado aún más como consecuencia de la crisis de la COVID-19, y las posiciones de inversión internacional netas extremadamente negativas en algunos Estados miembros representan un importante factor de vulnerabilidad a corto plazo.
Tiene en cuenta que la evaluación de la Comisión muestra que, a medio plazo, si no se modifican las políticas, varios Estados miembros se enfrentan a riesgos importantes, principalmente como consecuencia de los elevados niveles de deuda de las administraciones públicas y de trayectorias de deuda ascendentes —que reflejan una posición presupuestaria de partida desfavorable— y, en algunos casos, de los incrementos previstos del gasto público relacionado con el envejecimiento de la población, además de la sensibilidad a perturbaciones adversas, en particular un diferencial entre el crecimiento y los tipos de interés menos favorable. Es consciente de que en la evaluación se tienen en cuenta otros factores: por una parte, que los pasivos contingentes, en particular los vinculados a las garantías públicas, constituyen una fuente adicional de riesgo; y, por otra, que la mejora de la estructura de la deuda de las administraciones públicas, en particular gracias a la prolongación de los plazos medios de vencimiento, y el efecto positivo esperado de las reformas estructurales en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia son factores de atenuación del riesgo. Señala la excepcional incertidumbre de las perspectivas económicas a que ha dado lugar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y los desafíos que plantean las elevadas tasas de inflación.
Se hace eco de que la evaluación de la Comisión muestra que, a largo plazo, si no se modifican las políticas, varios Estados miembros se enfrentan a riesgos elevados, principalmente como consecuencia de los aumentos previstos de los costes del envejecimiento de la población y, en algunos casos, de los factores de vulnerabilidad vinculados a los elevados niveles de deuda de las administraciones públicas. Recuerda los importantes desafíos que el cambio demográfico plantea para la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
Reconoce que la existencia de niveles elevados de deuda pública puede obstaculizar el crecimiento económico y reducir la capacidad de los Estados miembros para aplicar medidas de estabilización anticíclica en caso de disminución de la actividad económica, y puede producir efectos indirectos negativos, en particular en la zona del euro.
Destaca que las conclusiones del Informe de sostenibilidad presupuestaria de 2021 instan a aplicar, cuando las condiciones económicas lo permitan, políticas presupuestarias destinadas a alcanzar posiciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, sin dejar por ello de aumentar las inversiones, en particular para realizar las transiciones ecológica y digital. Reconoce que la ejecución de las reformas estructurales previstas —en particular en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en consonancia con las recomendaciones específicas por país formuladas en el marco del Semestre Europeo— será un elemento importante de reducción de los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria. Destaca que la combinación de políticas para hacer frente a los desafíos que plantea la sostenibilidad presupuestaria debe centrarse, para ser eficaz, en el fomento del crecimiento, el saneamiento de las finanzas públicas (por ejemplo mediante reformas de los sistemas de pensiones, de salud y de cuidados de larga duración) y la estabilidad macrofinanciera. Observa que el desafío que plantea el cambio climático exige que los Estados miembros tengan cada vez más en cuenta sus repercusiones en la planificación presupuestaria y adopten políticas de mitigación y adaptación eficaces.
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Reafirma la necesidad de seguir aplicando, respecto de todos los ámbitos relacionados con el envejecimiento de la población, iniciativas estratégicas adecuadas que tengan en cuenta las especificidades de cada país, evitando toda medida que pueda revertir las reformas ya emprendidas para aumentar la sostenibilidad. Entre tales iniciativas estratégicas figura la adopción de nuevas medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación, en particular promoviendo una participación más prolongada en el mercado de trabajo y tasas de actividad más elevadas y evitando el abandono precoz de la actividad laboral, sin olvidar que debe tenerse en cuenta la evolución de la esperanza de vida en la concepción de los sistemas de pensiones.
Insta a los Estados miembros, en especial los que presentan según la evaluación un elevado riesgo en materia de sostenibilidad a medio plazo, a que apliquen, para el periodo posterior a 2023, una política presupuestaria orientada a la consecución de posiciones presupuestarias prudentes a medio plazo y al logro progresivo de una reducción de la deuda y una sostenibilidad presupuestaria creíbles a medio plazo mediante medidas graduales de consolidación, inversión y reforma acordes con las recomendaciones específicas por país. Invita a los Estados miembros y a la Comisión a que tengan en cuenta las conclusiones del Informe en sus análisis y a la hora de formular los consiguientes requisitos y recomendaciones de actuación en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Semestre Europeo. El Consejo y la Comisión seguirán supervisando regularmente estas estrategias y la evolución de la sostenibilidad de las finanzas públicas, en particular teniendo en cuenta en sus evaluaciones los cambios observados en la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras, las políticas presupuestarias y las reformas estructurales, sobre todo en los ámbitos relacionados con los sistemas de pensiones, de salud y de cuidados de larga duración.
Invita a la Comisión a que lleve a cabo a más tardar a principios de 2025 su evaluación global periódica de fondo de la sostenibilidad de las finanzas públicas, valiéndose de las previsiones actualizadas del gasto relacionado con el envejecimiento de la población que se recogerán en el Informe sobre el envejecimiento de 2024, y a que informe oportunamente a los correspondientes órganos preparatorios del Consejo de las revisiones pertinentes de la metodología aplicada para el análisis de sostenibilidad de la deuda. Se trata, en particular, de seguir mejorando los métodos empleados para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas y de seguir trabajando, en cooperación con los Estados miembros, en el análisis de los riesgos presupuestarios vinculados al cambio climático. Invita a la Comisión a que actualice entretanto con regularidad su Informe de sostenibilidad (a través del Debt Sustainability Monitor). El Comité Económico y Financiero y el Comité de Política Económica deben presentar sus informes al Consejo teniendo en cuenta la evaluación global de fondo.
Más información: Consejo Europeo – Comunicado de prensa
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