Defensa y Seguridad

La demanda se refiere al fallecimiento del familiar de los demandantes (T.M.) como consecuencia de una herida mortal en la cabeza que recibió en el curso de una operación de detención llevada a cabo en el contexto de una investigación relacionada con el terrorismo. Los demandantes se quejaron en virtud de los artículos 2, 3 y 13 del Convenio.

La demanda se refiere a la negativa de las autoridades a conceder una pensión de supervivencia a los dos demandantes. Se quejan, en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 tomado conjuntamente con el artículo 6 § 1 del Convenio, de que las autoridades no tuvieron en cuenta el hecho de que cuando solicitaron inicialmente la pensión de supervivencia todavía no existía el requisito de que registraran sus respectivas parejas de hecho, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que introdujo este requisito todavía no había entrado en vigor. Los demandantes consideraron que la aplicación retroactiva de dicho requisito formal equivalía a una violación de su derecho a la seguridad jurídica, así como de su derecho de propiedad.

El demandante se quejaba de que el proceso penal contra él había infringido el artículo 6, apartados 1 y 3, letra d), del Convenio porque había sido condenado sobre la base de pruebas poco fiables e inventadas; no se le había dado la oportunidad de impugnar efectivamente esas pruebas y de aportar pruebas a su favor; se había violado su derecho a una sentencia motivada; y no había podido interrogar a un testigo de cargo cuya declaración previa al juicio se había leído en el tribunal y se había utilizado en su contra.

Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1696 en lo que respecta al uso de la videoconferencia para las audiencias a candidatos