Defensa y Seguridad

Los solicitantes se quejan, de conformidad con el artículo 6 §§ 1 y 3 (d) del Convenio, de que se les había negado la posibilidad de interrogar a dos acusados ​​»como testigos» que habían formulado declaraciones incriminatorias contra ellos.

Este estudio forma parte de un proyecto de mayor alcance que busca sentar las bases para las comparaciones entre los marcos legales que rigen la libertad de expresión en diferentes sistemas legales. Las siguientes páginas analizarán, con referencia al Reino Unido y el tema en cuestión, la legislación vigente, la jurisprudencia más relevante y el concepto de libertad de expresión con sus límites actuales y futuros, terminando con algunas conclusiones y posibles soluciones para futuros retos.

El 2 de mayo de 2018, la Comisión propuso un presupuesto a largo plazo moderno, equitativo y focalizado, estrechamente ligado a la agenda positiva acordada en Bratislava y Roma por los líderes políticos. Se trata de la herramienta que permitirá llevar a la práctica la Agenda Estratégica del Consejo Europeo y las orientaciones políticas de la presidenta electa de la Comisión Ursula von der Leyen, sobre la base de las cuales esta fue elegida por el Parlamento Europeo.

Los solicitantes sostuvieron que la decisión por la cual la empresa para la que trabajaban los despidió se basó en la videovigilancia implementada en violación de su derecho al respeto de su vida privada, como lo garantiza el artículo 8 de la Convención, y que los tribunales nacionales habían fallado en su obligación de garantizar la protección efectiva de ese derecho. En virtud del artículo 6 de la Convención, se quejaron de la admisión de pruebas durante el proceso de las grabaciones obtenidas por medio de la videovigilancia. Según la misma disposición, los solicitantes tercero, cuarto y quinto se quejaron de la aceptación por parte de los tribunales nacionales de los acuerdos de solución que habían firmado con su empleador.

Los solicitantes alegan que la anulación de una sentencia definitiva y vinculante a su favor era contraria a sus derechos en virtud del artículo 6 § 1 del Convenio. El 10 de mayo de 2017, se notifica dicha queja al Gobierno y el resto de la solicitud fue declarada inadmisible de conformidad con el Artículo 54 § 3 del Reglamento del Tribunal.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 79 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el ministère public (Ministerio Fiscal, Bélgica) y el ministre des Finances du Royaume de Belgique (ministro de Hacienda del Reino de Bélgica), por una parte, y QC y la sociedad Comida paralela 12, por otra, en relación con la determinación del deudor del impuesto especial exigible como consecuencia de la introducción irregular de productos en Bélgica.