Defensa y Seguridad

Impulsado por un entorno económico favorable y el impacto positivo de las políticas de la UE y los Estados miembros en los últimos años, se observa una mejora continua y ahora más generalizada de la situación social en toda Europa. Y, sin embargo, si bien los desarrollos sociales recientes son en su mayoría positivos, el análisis del Comité de Protección Social indica que sigue siendo poco probable que se alcance el objetivo de pobreza y exclusión social de Europa 2020.

En 2017 se lanzó la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) en el ámbito de la política de seguridad y defensa, un nuevo marco de cooperación permanente introducido por el Tratado de Lisboa de la UE en 2009, pero que nunca se ha utilizado hasta ahora. Se prevé la posibilidad de que los Estados miembros de la UE quelo deseen, puedan trabajar más estrechamente en el área de seguridad y defensa comprometiéndose a desarrollar capacidades militares conjuntas, invertir en proyectos compartidos o mejorar la preparación operativa de sus fuerzas armadas.

En el contexto del Tercer Paquete de Energía, complementamos los elementos reguladores proporcionados en nuestro informe anterior sobre el Estado de implementación del Tercer Paquete de Energía en el sector del gas mediante la revisión de otros dos códigos de red. Esto permite la plena comprensión de las normas que constituyen el núcleo del mercado del gas en la Unión Europea.

Una región metropolitana se puede definir como una región con una o más núcleos urbanos poblados en conjunción con la zona suburbana. Las áreas metropolitanas son los «motores» del desarrollo y pueden propagar efectos positivos de ciudad central a la zona suburbana, así como a sus alrededores. Sin embargo, también están causando efectos negativos no deseados.

Mediante el recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia:

–por un lado, que declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 157 TFUE y de los artículos 5, letra a), y 9, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO 2006, L 204, p. 23), al establecer en el artículo 13, puntos 1 a 3, de la ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios y otras leyes), de 12 de julio de 2017 (Dz. U. de 2017, rúbrica 1452; en lo sucesivo, «Ley modificativa de 12 de julio de 2017»), una edad de jubilación diferente para las mujeres y los hombres que desempeñan el cargo de juez en los tribunales ordinarios y en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) o el cargo de fiscal, y

–por otro lado, que declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al reducir, mediante el artículo 13, punto 1, de la Ley modificativa de 12 de julio de 2017, la edad de jubilación aplicable a los jueces de los tribunales ordinarios y al facultar al ministro de Justicia (Polonia) para autorizar o denegar la prórroga del período de ejercicio en activo del cargo de juez, con arreglo al artículo 1, punto 26, letras b) y c), de dicha Ley.

Mediante sus recursos de casación, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y Trasta Komercbanka AS, los Sres. Ivan Fursin e Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV y Rikam Holding SA solicitan la anulación del auto del Tribunal General de 12 de septiembre de 2017, Fursin y otros/BCE, por el cual el referido Tribunal, por una parte, procedió a sobreseer el recurso de Trasta Komercbanka por el que se solicitaba la anulación de la Decisión BCE/SSM/2016 — 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 del Banco Central Europeo (BCE), de 3 de marzo de 2016, mediante la que se revocó la autorización concedida a Trasta Komercbanka, y, por otra parte, desestimó la excepción de inadmisibilidad del BCE en la medida en que se refería al recurso interpuesto por varios accionistas de Trasta Komercbanka, a saber, los Sres. Fursin y Buimisters, C & R Invest, Figon Co., GCK Holding Netherlands y Rikam Holding, mediante el que solicitaban la anulación de la referida Decisión.