Defensa y Seguridad

El requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL) es uno de los requisitos clave para hacer creíble la resolución. Garantiza que los bancos tengan suficientes recursos para permitir que las autoridades encargadas de la resolución ejecuten la estrategia que prefieran en caso de quiebra de un banco, normalmente una intervención o una transferencia a una entidad adquirente sana. El MREL, junto con una planificación de resolución efectiva, busca asegurar que no se requiera dinero público en caso de quiebra del banco.

La demandante alega, de conformidad con el artículo 6 del Convenio, que el proceso penal abierto contra ella había sido injusto porque, por un lado, no había sido escuchada adecuadamente por el tribunal en vista de la anulación, absolución y la modificación del Tribunal Superior de Casación y Justicia de los cargos en su contra, y porque, por otro lado, el tribunal antes mencionado había revocado su absolución sin una evaluación directa de la evidencia relevante en la que se había basado. La demandante alega, además que, al fijar su período de prueba a tres años, los tribunales nacionales habían infringido el artículo 7 de la Convención al haber impuesto una pena más severa que la prescrita por la ley.

Este paquete de información ha sido preparado para la audiencia del 18 de febrero de 2020 organizada por la Comisión de Desarrollo Agrícola y Rural del Parlamento Europeo (Comisión AGRI). El objetivo principal es facilitar la labor legislativa de los diputados europeos en relación con las cuestiones de investigación e innovación agroalimentaria.

Poco después de dar a conocer la hoja de ruta general de su iniciativa insignia, el Acuerdo Verde Europeo, la Comisión Europea publicó su primera propuesta concreta el 14 de enero de 2020, sobre cómo establecer un mecanismo de transición justa (Comisión Europea, 2020a, 2020b y 2020c).

Interreg es el programa de la UE para la cooperación transfronteriza a nivel regional y nacional, en beneficio de todos los ciudadanos de la UE. Lanzado en 1990, ha demostrado que las fronteras no son barreras y ha acercado a los europeos, ayudándoles a hacer frente a los retos comunes y creando nuevas oportunidades de cooperación a través de las fronteras.

Los solicitantes alegan incapacidad para obtener una compensación por los costos legales incurridos durante los procedimientos judiciales administrativos. Alegan, además, una violación del derecho de acceso a los tribunales, de conformidad con el artículo 6 § 1 de la Convención.