Agricultura y Pesca

La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 29, apartado 1, y 32, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, y de los artículos 70, apartado 1, y 71, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre «Lifosa» UAB y el Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Departamento de Aduanas del Ministerio de Hacienda, Lituania) en relación con la decisión de las autoridades aduaneras de obligar al importador a ajustar el valor en aduana de las mercancías importadas.

Update no. 361 on the situation of Covid-19 with 49.474.683 cases in Europe, 3.488.469 cases diagnosed in Spain through a PCR test and 77.738 deaths.

Este caso se refiere a un problema recurrente de trampa policial en la realización de operaciones encubiertas. Aborda la cuestión de si persiste el problema estructural identificado en Veselov y otros c. Rusia (nº 23200/10, 24009/07 y 556/10, §§ 88-94 y 126-27, 2 de octubre de 2012) y reiterado en Lagutin y otros c. Rusia (nº 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 y 7451/09, § 134, 24 de abril de 2014). La sentencia contiene una indicación, en virtud del artículo 46, de las medidas generales necesarias para superar el problema estructural, en particular para introducir un procedimiento claro y previsible de autorización de las actividades de búsqueda operativa, como las compras de prueba y los experimentos operativos, por parte de un órgano judicial.

El caso se refiere a la negativa de las autoridades rusas a devolver el cuerpo del marido fallecido de la demandante, que supuestamente había participado en el ataque a Nalchik, en la República de Kabardino-Balkariya, el 13 de octubre de 2005, y que fue asesinado poco después, y a la falta de un recurso interno efectivo al respecto.

En este caso, el demandante se queja de haber sido maltratado mientras estaba bajo custodia policial, junto con otro sospechoso, de no haber podido nombrar a un abogado de su elección durante ese tiempo y de la posterior falta de una investigación oficial efectiva sobre sus abusos. Además, el demandante se queja, en varios aspectos, de su detención policial y de su posterior detención por orden judicial. Por último, el demandante se queja de la duración y la eficacia del procedimiento ante el Tribunal Constitucional.

En el presente asunto, el demandante es el padre de un niño cuya madre (la esposa del demandante) lo entregó en una maternidad un día después de su nacimiento. El demandante, que creía que su hijo había muerto al nacer, no supo que el niño había sobrevivido hasta un año y medio más tarde, cuando recibió una demanda de privación de la patria potestad sobre el niño en el marco de un procedimiento de adopción incoado por terceros, que habían tomado al niño de un hogar de acogida varios meses antes. A pesar de que el demandante tenía la condición formal de padre y, por tanto, la plena patria potestad sobre el niño, sus numerosos intentos por recuperar al niño, que seguía viviendo con los terceros en cuestión, resultaron inútiles, ya que éstos le negaron al demandante todo acceso a su hijo. La solicitud del demandante para que su hijo fuera devuelto a su familia fue desestimada por los tribunales nacionales, haciendo referencia, en particular, al hecho de que el demandante y su esposa habían abandonado al niño en el hospital de maternidad.