Unión Europea

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El presente caso se refiere a la privación de la patria potestad de la demandante sobre sus dos hijas.

El presente caso se refiere a las quejas de la demandante en relación con su confinamiento en una institución para delincuentes con enfermedades mentales tras haber cometido un intento de resistencia a la detención por parte de la policía. La demandante se basó en los artículos 5 y 6 del Convenio, así como en el artículo 14, leído conjuntamente con el artículo 5 del Convenio.

Basándose en el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio y en el artículo 14 del Convenio, el demandante denunció que la negativa de las autoridades nacionales a concederle una pensión especial por sus años de servicio en la fiscalía había vulnerado su derecho de propiedad y había sido discriminatoria. También se quejó, en virtud del artículo 6 del Convenio, de que el procedimiento interno había sido excesivamente largo.

El demandante alegó que se le había negado el acceso a un tribunal para impugnar el cese prematuro y supuestamente arbitrario de su mandato como miembro judicial del Consejo Nacional de la Magistratura. También se quejó de las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las opiniones que había expresado públicamente en su capacidad profesional sobre las reformas legislativas que afectan al poder judicial. Invocó el artículo 6 § 1, el artículo 10 y el artículo 13 del Convenio.

El asunto se refiere a la imposición de multas administrativas de urbanismo a los demandantes en relación con dos muros de piedra construidos en su propiedad sin la preceptiva licencia de obras, así como a su juicio y sanción en un procedimiento penal con una pena de siete meses de prisión. Los demandantes alegaron que esto infringía su derecho a no ser juzgados y sancionados dos veces por el mismo delito, previsto en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio.