Informe 2025 sobre el Estado de Derecho: Democracia, seguridad y economía en Europa

El pasado 8 de julio, la Comisión publicó su sexto Informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que examina la evolución del Estado de Derecho en todos los Estados miembros. Se trata del primer informe elaborado bajo el nuevo mandato de la Comisión. Consolida el fructífero compromiso con los Estados miembros basado en un planteamiento preventivo y basado en el diálogo para reforzar el Estado de Derecho, y constituye un importante incentivo para la reforma.

El Informe sobre el Estado de Derecho y el ciclo anual sobre el Estado de Derecho contribuyen a la resistencia de la democracia, la seguridad y la economía europeas en un entorno global en el que el respeto de los derechos fundamentales y los sistemas democráticos están cada vez más sometidos a presión. Por ello, es esencial que la UE reafirme su compromiso con el Estado de Derecho y adopte medidas concretas para promoverlo y defenderlo, en nuestro continente y en todo el mundo. Al igual que en 2024, el Informe no sólo abarca 27 Estados miembros, sino que también incluye cuatro capítulos dedicados a la evolución de la situación en Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.

El Informe de este año confirma que existe una trayectoria positiva en muchos Estados miembros, ya que se han llevado a cabo importantes reformas en los cuatro ámbitos clave cubiertos por el Informe: justicia, lucha contra la corrupción, libertad de los medios de comunicación y controles y equilibrios institucionales. Aunque en algunos Estados miembros sigue habiendo problemas, y en unos pocos la situación es grave, el compromiso general con el proceso sigue siendo firme, y los Estados miembros han abordado un número considerable de las recomendaciones de 2024, total o parcialmente.

El respeto del Estado de Derecho también es esencial para aplicar políticas que fomenten la competitividad a través del mercado único y capaciten a los ciudadanos para participar activamente tanto en la sociedad como en la economía. El Estado de Derecho es una consideración importante para las empresas que operan a través de las fronteras. Las empresas, en particular las pequeñas y medianas, necesitan un entorno económico estable y previsible. Tal como se establece en las Orientaciones Políticas de la Presidenta von der Leyen, el informe de este año hace especial hincapié en las cuestiones que tienen una relación directa con el buen funcionamiento del mercado único, como una legislación sólida, las normas de contratación pública y la estabilidad del entorno normativo.

El Informe mira hacia una Unión Europea en evolución. La nueva generación de instrumentos de gasto de la UE, que se presentará como parte del próximo marco financiero plurianual, garantizará que el cumplimiento del principio del Estado de Derecho siga siendo una obligación para los fondos de la UE. El apoyo financiero de la UE a la inversión y las reformas para promover el Estado de Derecho puede ofrecer un valor añadido real. Esto puede integrarse en un esfuerzo más amplio de seguimiento de la aplicación efectiva de las recomendaciones formuladas en el Informe.

Principales conclusiones de este año:

Sistemas judiciales

Muchos Estados miembros han avanzado en las reformas de la justicia durante el último año. Las medidas incluyen el refuerzo de la independencia de los Consejos del Poder Judicial, salvaguardias adicionales para el nombramiento de jueces y la autonomía de los fiscales, así como para la calidad y eficiencia de los sistemas judiciales. No obstante, las reformas avanzan a un ritmo más lento en algunos Estados miembros, y en algunos casos persisten graves problemas. Aunque se están haciendo esfuerzos en todos los ámbitos, en muchos Estados miembros existe una presión sobre los recursos de los sistemas judiciales, lo que repercute en la calidad y la eficiencia de la justicia. En los países de la ampliación han proseguido los esfuerzos para aplicar reformas judiciales, reforzar la rendición de cuentas y mejorar la eficiencia, pero es necesario abordar la influencia indebida y los intentos de socavar la independencia de los jueces.

Marcos anticorrupción

La lucha contra la corrupción sigue siendo esencial para mantener el Estado de Derecho y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La mayoría de los europeos considera que la corrupción es inaceptable, según los resultados de las encuestas Eurobarómetro 2025 sobre la actitud de los ciudadanos y las empresas ante la corrupción en la UE. El Informe muestra que varios Estados miembros han desarrollado nuevas estrategias de lucha contra la corrupción y han reforzado su capacidad institucional, entre otras cosas aumentando los recursos destinados a la aplicación de la ley, los servicios de la fiscalía y el poder judicial. Al mismo tiempo, es necesario seguir actuando para reforzar los marcos preventivos, como los relacionados con los grupos de presión y los conflictos de intereses, así como para garantizar la eficacia de la investigación, el enjuiciamiento y las sentencias firmes de los casos de corrupción. En los países de la ampliación, los marcos jurídicos e institucionales se han reforzado, mostrando resistencia a las presiones indebidas en algunos casos, mientras que la investigación, el enjuiciamiento y las sentencias de los casos de corrupción -incluidos los casos de alto nivel- deben seguir mejorando.

Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

La libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son elementos centrales de una sociedad basada en el Estado de Derecho y para garantizar la responsabilidad democrática. En los Estados miembros se están llevando a cabo reformas para adaptar las legislaciones nacionales a las nuevas normas de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). Muchos Estados miembros están emprendiendo reformas para reforzar el funcionamiento independiente y la financiación de los medios de comunicación de servicio público y mejorar la equidad y transparencia de la asignación de la publicidad estatal. Además, varios reguladores nacionales de los medios de comunicación están ampliando sus competencias para cumplir también la Ley de Servicios Digitales (DSA). Cada vez se presta más atención a la seguridad y la protección de los periodistas, en medio de las continuas amenazas, y los Estados miembros crean o mantienen en funcionamiento estructuras de apoyo o refuerzan la protección jurídica de los periodistas. Al mismo tiempo, son necesarias nuevas medidas para abordar las preocupaciones relativas a la seguridad de los periodistas, así como para mejorar las salvaguardias de la independencia de algunos reguladores de los medios de comunicación y de los medios de comunicación de servicio público, aumentar la transparencia de la propiedad y garantizar una mayor equidad y transparencia en la asignación de la publicidad estatal. En los países de la ampliación, también preocupa la politización de los reguladores de los medios de comunicación y la sostenibilidad financiera de las emisoras públicas, así como el nombramiento de sus directivos.

Controles y equilibrios institucionales

En varios Estados miembros se están llevando a cabo reformas para reforzar los controles y equilibrios, entre otras cosas mediante una mayor participación de las partes interesadas en el proceso legislativo y la mejora de la calidad de la legislación. Sin embargo, las leyes inestables y cambiantes, a veces redactadas sin la participación de las partes interesadas, crean inseguridad jurídica tanto para las empresas como para los ciudadanos. Aunque el informe concluye que la mayoría de los Estados miembros siguen garantizando un marco propicio y de apoyo a la sociedad civil, en varios de ellos persisten obstáculos relacionados con la financiación o los requisitos de registro. Sin embargo, en algunos Estados miembros las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a graves problemas, al estar sujetas a restricciones o controles financieros excesivos o a una protección inadecuada. En los países de la ampliación, los desafíos a los procesos legislativos y las consultas públicas ineficaces limitan la gobernanza integradora. También sigue habiendo problemas en el seguimiento sistemático de las recomendaciones de las instituciones del Defensor del Pueblo y otros organismos independientes.

Dimensión del mercado único

En los cuatro pilares, el Informe hace hincapié en el impacto sobre el funcionamiento del mercado único y el entorno operativo para las empresas. Un sistema judicial eficaz, la lucha contra la corrupción, la buena gobernanza, la seguridad jurídica y una legislación sólida tienen un impacto económico significativo, configurando el entorno empresarial y orientando las decisiones de inversión. En los cuatro pilares, el informe subraya cómo los problemas identificados afectan al funcionamiento del mercado único y al entorno operativo de las empresas. Los capítulos dedicados a cada país informan, por ejemplo, sobre la especialización de los tribunales y jueces para tratar asuntos comerciales; los mecanismos para hacer cumplir las decisiones judiciales; las medidas para prevenir la corrupción en la contratación pública; la financiación transparente de los medios de comunicación; y el entorno normativo estable necesario para que las empresas operen en condiciones predecibles.

Próximos pasos

La Comisión invita ahora al Parlamento Europeo y al Consejo a proseguir los debates generales y específicos por países sobre la base de este informe, utilizando también las recomendaciones para seguir examinando cómo pueden lograrse avances concretos. La Comisión también pide a los parlamentos nacionales, a la sociedad civil y a otras partes interesadas que prosigan el diálogo nacional sobre el Estado de Derecho, así como a nivel europeo, con un mayor compromiso de los ciudadanos.

La Comisión invita a los Estados miembros a abordar los retos señalados en el Informe. Está dispuesta a ayudarles en sus esfuerzos por seguir aplicando las recomendaciones. En cuanto a los países de la ampliación, la Comisión continuará el seguimiento de las cuestiones identificadas, incluso en sus próximos informes anuales sobre la ampliación. Otros países de la ampliación podrán incluirse en el Informe sobre el Estado de Derecho a medida que estén preparados.

Tal como se comprometió la Presidenta von der Leyen en sus Orientaciones Políticas 2024 – 2029, la Comisión seguirá mejorando su seguimiento y sus informes, y reforzando los controles y equilibrios, en particular mediante el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones.

Contexto

El Informe anual sobre el Estado de Derecho es el resultado de un estrecho diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas. El Informe abarca todos los Estados miembros y los cuatro países de la ampliación sobre la base de la misma metodología objetiva y transparente, examinando el mismo conjunto de cuestiones en cada país.

El Informe 2025 incluye una Comunicación en la que se examina la situación de la UE en su conjunto y 27 capítulos dedicados a cada Estado miembro. También incluye cuatro capítulos por países en los que se examina la evolución en los países seleccionados para la ampliación. El Informe también incluye una evaluación de las recomendaciones del año pasado a los Estados miembros y, sobre esa base, vuelve a formular recomendaciones específicas dirigidas a todos los Estados miembros.

El Informe ocupa un lugar central en el Ciclo anual sobre el Estado de Derecho. Este ciclo anual es preventivo: sirve para fomentar el Estado de Derecho y pretende evitar la aparición o el agravamiento de problemas. Es independiente de los demás elementos de la caja de herramientas del Estado de Derecho de la UE y complementa, pero no sustituye, a los mecanismos basados en el Tratado que permiten a la UE responder a problemas más graves relacionados con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Estas herramientas incluyen los procedimientos de infracción y el procedimiento para proteger los valores fundacionales de la Unión en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

Desde 2020, varias iniciativas nuevas de la UE han elevado las normas comunes en ámbitos con relevancia directa para el Estado de Derecho, basándose en los resultados de la supervisión en el contexto del presente informe. Esto incluye la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que pretende abordar una serie de lagunas sistémicas identificadas en el panorama normativo de los medios de comunicación, y el Paquete Anticorrupción, que incluye propuestas de nueva legislación para combatir la corrupción en la UE y reforzar el régimen sancionador de la UE para la corrupción en la dimensión exterior de la UE.

La inclusión de los países de la ampliación en el Informe 2024 sobre el Estado de Derecho apoya los esfuerzos de reforma de estos países para lograr avances irreversibles en materia de democracia y Estado de Derecho antes de la adhesión, y para garantizar unos niveles elevados y duraderos después de la adhesión. Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia participan en el ejercicio del Informe sobre el Estado de Derecho, lo que refleja los progresos realizados en sus respectivos procesos de adhesión. Como anunció la Presidenta von der Leyen en sus Orientaciones Políticas 2024 – 2029, otros países candidatos se incluirán en el Informe sobre el Estado de Derecho a medida que estén preparados.

Más información: Comisión Europea