Unión Europea

El presente recurso se refiere a la condena del demandante en un procedimiento de infracción administrativa por utilizar un pasamontañas durante una manifestación en solitario.

El caso se refiere principalmente a la cuestión de si un banco al que se le retira la licencia -lo que a continuación da lugar casi automáticamente a una declaración judicial de insolvencia y a una orden de liquidación- tiene una posibilidad clara y práctica de solicitar y obtener una revisión judicial de dicha retirada y, más generalmente, una posibilidad de impugnarla. Estos aspectos del caso plantean cuestiones en virtud del artículo 6.1 del Convenio y del artículo 1 del Protocolo nº 1.

El caso también se refiere al hecho de que en el procedimiento en el que se declaró la insolvencia del banco y se ordenó su liquidación, éste estaba representado por personas supuestamente dependientes de la parte contraria. Este segundo aspecto del caso plantea cuestiones en virtud del apartado 1 del artículo 6 del Convenio.

La solicitud se refiere a las obligaciones positivas del Estado con respecto a las denuncias de acoso sexual en el lugar de trabajo. El Gobierno fue notificado de las quejas de la demandante en virtud del artículo 8 del Convenio, tomado solo y junto con el artículo 14.

La demandante se quejaba de que su marido había sido asesinado por la policía el 26 de septiembre de 2009, infringiendo el artículo 2 del Convenio, y de que las autoridades nacionales no habían llevado a cabo posteriormente una investigación efectiva sobre el asesinato de su marido.

Este protocolo describe los métodos para un estudio de cohorte prospectivo en centros de atención a largo plazo (LTCF) para evaluar la eficacia de las vacunas COVID-19 en la prevención de la infección sintomática por SARS-CoV-2 confirmada en laboratorio en residentes de LTCF.

El demandante se quejaba de que una base de datos que contenía sus datos sanitarios había estado a la venta en un mercado. Alegaba que la base de datos había pertenecido a las autoridades policiales, que habían recogido, almacenado e introducido ilegalmente sus datos sanitarios en ella. También se quejó de que las autoridades no habían garantizado la confidencialidad de sus datos ni habían llevado a cabo una investigación efectiva sobre su divulgación.