Unión Europea

El Media Pluralism Monitor (MPM) es una herramienta de investigación diseñada para identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros de la Unión Europea y en los países candidatos. Este informe narrativo se ha elaborado sobre la base de la aplicación del MPM realizada en 2021. La aplicación se llevó a cabo en 27 Estados miembros de la UE, así como en Albania, Montenegro, la República de Macedonia del Norte, Serbia y Turquía.

Este estudio analiza la evolución reciente de la práctica, la legislación y la política relacionadas con los datos, así como el marco jurídico actual para el acceso, la puesta en común y el uso de los datos en la Unión Europea. El estudio identifica cuestiones particulares que preocupan y destaca la necesidad respectiva de actuar. Sobre esta base, el estudio evalúa la propuesta de la Comisión de una Ley de Datos. El estudio ha sido encargado por el Departamento de Política de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Manuscrito terminado en junio de 2022

La capacidad de la política monetaria para influir en la estructura de plazos de los tipos de interés y en la macroeconomía depende de la medida en que los participantes en el mercado financiero prefieran tener bonos de diferentes vencimientos. Microfundamos dicha demanda de hábitat preferido en un modelo dinámico de equilibrio general estocástico plenamente especificado de la macroeconomía en el que la estructura de plazos está libre de arbitraje. La fuente de la demanda de hábitat preferido es un fondo de seguros que emite rentas vitalicias y adopta una estrategia basada en el pasivo para minimizar el riesgo de duración en su balance.

Manuscrito terminado en junio de 2022

España tiene dos niveles legislativos: el Estado y las Comunidades Autónomas. España reconoce cierta autonomía legislativa a sus Comunidades Autónomas para la ejecución de la legislación, pero la legislación contra la discriminación es una tarea exclusiva del Estado. De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución española, la legislación antidiscriminatoria debe ser aprobada por las Cortes Generales y requiere una ley orgánica, lo que significa que tiene que ser aprobada por una mayoría cualificada del Parlamento (mayoría absoluta del Parlamento).