Basándose en la experiencia adquirida desde 2014 y en las consultas detalladas efectuadas desde abril de este año, la Comisión ha decidido una serie de medidas de refuerzo del Estado de Derecho en la UE. En los últimos cinco años, la Comisión Europea ha tenido que hacer frente a una serie de desafíos relacionados con el Estado de Derecho en la Unión Europea. El proyecto europeo depende del respeto constante del Estado de Derecho. Se trata de un requisito previo para que los ciudadanos disfruten de sus derechos en virtud de la legislación de la UE y para que haya una confianza mutua entre los Estados miembros. Según una encuesta de opinión pública del Eurobarómetro publicada recientemente, más del 80 % de los ciudadanos conceden gran importancia al respeto del Estado de Derecho y consideran que debe mejorarse. El 89 % de los ciudadanos consideran necesario que se respete el Estado de Derecho en todos los demás Estados miembros de la UE.
La Comisión ha presentado iniciativas concretas agrupadas en torno a tres pilares: promoción de una cultura del Estado de Derecho; prevención de problemas relacionados con el Estado de Derecho; respuesta eficaz a las violaciones del Estado de Derecho. Como guardiana de los Tratados, la Comisión Europea desempeña un papel único. No obstante, todas las instituciones de la Unión y los Estados miembros son responsables de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión. Por otro lado, una respuesta eficaz requiere también el apoyo de la sociedad civil. La Comisión hace un llamamiento a todos estos agentes para que actúen.
Con objeto de promover una cultura del Estado de Derecho común en toda Europa, la Comisión estudiará la posibilidad de poner en marcha un acto anual específico para el diálogo con la sociedad civil. La Comisión utilizará plenamente las posibilidades de financiación para capacitar a las partes interesadas, incluida la sociedad civil, con el fin de promover el Estado de Derecho y crear una estrategia de comunicación específica sobre el Estado de Derecho. La Comisión reforzará la cooperación con el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales, así como con las redes judiciales y los parlamentos nacionales. La Comisión pide al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros que participen plenamente en este proceso.
Para evitar la aparición de problemas relacionados con el Estado de Derecho, la Comisión ha decidido crear un ciclo de revisión del Estado de Derecho, que incluya un informe anual sobre el Estado de Derecho en todos los Estados miembros de la UE. Este sistema adicional contribuirá a la detección temprana de los problemas relacionados con el Estado de Derecho dondequiera que surjan. La Comisión profundizará en el seguimiento de la evolución del Estado de Derecho e invitará a todos los Estados miembros a intercambiar información y diálogo, también a través de una red de personas de contacto nacionales. Debe realizarse un seguimiento específico del informe anual con el Parlamento y el Consejo. La Comisión también seguirá desarrollando el cuadro de indicadores de la UE en materia de justicia y reforzará el diálogo con otras instituciones de la UE, los Estados miembros, los partidos políticos europeos y las partes interesadas.
A fin de dar una respuesta común eficaz frente las violaciones del Estado de Derecho, la Comisión seguirá utilizando plenamente sus poderes de ejecución, si las medidas de detección temprana y prevención no son eficaces. La Comisión adoptará un enfoque estratégico con respecto a los procedimientos de infracción, sometiendo los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando sea necesario. Dada la sensibilidad temporal de estos asuntos, la Comisión solicitará medidas provisionales y procedimientos acelerados cuando sea necesario. La Comisión también apoyará de manera constructiva a los Estados miembros en la distensión y la resolución de los problemas relacionados con el Estado de Derecho para que la situación se restablezca de manera sostenible. Además, la Comisión pide al Parlamento Europeo y al Consejo que reflexionen sobre un enfoque colectivo de gestión de los asuntos relacionados con el artículo 7 con normas procesales claras.
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