El Consejo de Europa ha reclamado una normativa estricta para evitar los importantes riesgos para la privacidad y la protección de datos que supone el creciente uso de las tecnologías de reconocimiento facial. Además, algunas aplicaciones de reconocimiento facial deberían prohibirse por completo para evitar la discriminación.
En una nueva serie de directrices dirigidas a gobiernos, legisladores y empresas, la organización de derechos humanos de 47 estados propone que se prohíba el uso del reconocimiento facial con el único fin de determinar el color de la piel, las creencias religiosas o de otro tipo, el sexo, el origen racial o étnico, la edad, la salud o la condición social de una persona.
Esta prohibición debería aplicarse también a las tecnologías de «reconocimiento de sentimientos» -que pueden identificar las emociones y utilizarse para detectar rasgos de personalidad, sentimientos internos, estado de salud mental o nivel de compromiso de los trabajadores-, ya que plantean importantes riesgos en ámbitos como el empleo, el acceso a los seguros y la educación.
«En el mejor de los casos, el reconocimiento facial puede ser conveniente, ayudándonos a sortear los obstáculos de nuestra vida cotidiana. En el peor de los casos, amenaza nuestros derechos humanos esenciales, como la privacidad, la igualdad de trato y la no discriminación, facultando a las autoridades estatales y a otros a vigilar y controlar aspectos importantes de nuestras vidas, a menudo sin nuestro conocimiento o consentimiento», dijo la Secretaria General del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić.
«Pero esto puede detenerse. Estas directrices garantizan la protección de la dignidad personal, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, incluida la seguridad de sus datos personales.»
Las directrices han sido elaboradas por el Comité Consultivo del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que reúne a expertos que representan a los 55 Estados parte del Convenio, así como a 20 países observadores.
El Convenio, el primer tratado internacional vinculante que aborda la necesidad de proteger los datos personales, se abrió a la firma en Estrasburgo hace cuarenta años, el 28 de enero de 1981.
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