¿Por qué la UE quiere regular la economía de plataformas?

La UE trabaja en un nuevo marco jurídico, la Ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), para adaptarse a los últimos avances en el entorno digital.

Los últimos 20 años, marcados por el auge de nuevas tecnologías y empresas, nuevas formas de trabajo, comprar, reservar alojamiento o pedir comida a domicilio, han sido revolucionarios para el mundo digital. La directiva sobre el comercio electrónico, la piedra angular del mercado único digital, se aprobó en el año 2000, cuando las plataformas como Amazon, Google o Booking.com empezaban a emerger y otras como Facebook, Airbnb e Instagram todavía no existían.

La importancia económica de las plataformas en línea

Uno de los avances más importantes de los últimos 20 años es el auge de las plataformas en línea, entre las que se incluyen los mercados virtuales, las redes sociales, las tiendas de apliaciones, los comparadores de precios y los buscadores.

Al hacer más fácil el comercio transfronterizo dentro y fuera de la UE, las plataformas de alojamiento de contenidos aportan importantes beneficios a los consumidores y abren nuevas oportunidades para las empresas y los comerciantes europeos. Un millón de negocios de la UE, según los datos de la Comisión Europea, venden ya sus bienen y servicios a través de las plataformas en línea, y más del 50% de las pequeñas y medianas empresas que venden a través de mercados en línea realizan ventas transfronterizas.

Aspectos de las plataformas en línea que la UE quiere regular

 Las nuevas oportunidades también implican nuevos desafíos. Los consumidores europeos se enfrentan a nuevos tipos de productos, actividades y contenidos ilegales al tiempo que los negocios en línea emergentes tienen dificultades para entrar en un mercado dominado por las grandes plataformas.

A través de sus servicios, las plataformas de alojamiento de contenidos dominantes conectan a un gran número de usuarios con terceras empresas y pueden acceder a grandes cantidades de datos. Esto potencia el control y el establecimiento de estándares en áreas importantes de la economía digital. La UE quiere recuperar la iniciativa de dar forma a esas áreas a nivel comunitario y establecer estándares para el resto del mundo.

¿Cómo quieren los eurodiputados enfrentarse a los nuevos retos?

 Para mejorar el funcionamiento del mercado único, los eurodiputados quieren incluir en la Ley de servicios digitales los siguientes puntos clave:

• La ley debe aplicarse a las empresas de la UE, a las empresas establecidas en otros lugares que venden a consumidores europeos y todos los servicios digitales, no solo a las plataformas en línea.
• Los consumidores deben estar igualmente protegidos cuando compran en línea y cuando lo hacen en tiendas físicas. Lo que es ilegal en el comercio tradicional debe ser ilegal en internet. Las plataformas deberían esforzarse aún más para hacer frente a los comerciantes que venden productos falsos o inseguros.
• La introducción de la norma del «buen conocimiento de su clientela» implica que las plataformas controlen e impidan que las empresas fraudulentas usen sus servicios para vender productos inseguros o para propagar desinformación.
• Los consumidores deben tener derecho a ser informados cuando un servicio usa la inteligencia artificial y se les debe dar la posibilidad de darse de baja, mientras que la publicidad personalizada debe estar mejor regulada.
• La ley debe contemplar unas condiciones justas que permitan a las nuevas compañías acceder al mercado. Tiene que abordar la situación poco competitiva creada por los grandes agentes digitales que actualmente marcan las reglas para sus usuarios y competidores.

• Las normas tienen que ofrecer claridad e instrucciones para hacer frente al contenido en línea que sea ilegal y dañino.

Antecedentes y próximos pasos

La Comisión Europea presentó el 15 de diciembre su propuesta sobre la nueva norma sobre servicios digitales. Tres comisiones parlamentarias (Mercado Interior y Protección del Consumidor, Asuntos Jurídicos y Libertades Civiles) habían preparado ya sus informes con las recomendaciones para la Comisión sobre distintos aspectos de la nueva propuesta legislativa, las cuales fueron adoptadas por el PE el 20 de octubre.

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Comunicado de prensa – Parlamento Europeo