Nuevo mecanismo para proteger el presupuesto y los valores de la UE

La UE prepara nuevas medidas para para condicionar el desembolso de fondos europeos a que los países respeten los principios del Estado de derecho.

Los negociadores del Parlamento Europeo llegaron el 5 de noviembre a un acuerdo provisional con la presidencia alemana del Consejo para establecer un mecanismo que permita la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho.

La decisión de suspender los pagos la tomará el Consejo por mayoría cualificada de Estados y tras la propuesta de la Comisión.

Los eurodiputados ya habían advertido en la sesión plenaria de octubre que los valores europeos estaban en peligro. También incidieron en que los fondos de la UE, procedentes tanto del presupuesto a largo plazo como del plan de recuperación aprobado para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, no deberían ponerse en manos de “quienes trabajan en contra de la democracia y los derechos fundamentales en Europa”.

Los eurodiputados reclamaron en una resolución aprobada el 7 de octubre reforzar el Estado de derecho a través de un nuevo mecanismo y de la imposición de estrictas sanciones a aquellas naciones que violen este principio fundamental de la Unión Europea. Así, insistieron en que las instituciones comunitarias deben acordar reglas claras que vinculen el acceso a los fondos de la UE con el respeto al Estado de derecho.

¿Qué es el Estado de Derecho?

El Estado de derecho se recoge en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la UE. Significa que los Gobiernos deben estar sujetos a la ley, que no deben tomar decisiones arbitrarias y que los ciudadanos deben tener el derecho de impugnar sus actos en tribunales independientes.

Mecanismos existentes de la UE que protegen el Estado de derecho

La Unión Europea ya cuenta con herramientas a su disposición para proteger el Estado de derecho. Sin ir más lejos, la Comisión publicó el pasado 30 de septiembre el primer informe anual sobre el Estado de derecho, que supervisa la evolución tanto positiva como negativa del Estado de derecho en todos los Estados miembros. Este mecanismo ha estado observando a Rumanía y Bulgaria desde que se unieron a la UE en 2007.

Nuevas medidas

Sin embargo, los eurodiputados insistieron en que estas herramientas son insuficientes. Si bien hay audiencias en curso en el Consejo en virtud del Artículo 7 con respecto a Polonia y Hungría, el Parlamento lamentó la falta de avances significativos por parte de estos dos Estados miembros en solucionar los problemas relativos a esta cuestión.

En el debate celebrado el 5 de octubre, los europarlamentarios acogieron con satisfacción el informe anual sobre el Estado de derecho presentado por la Comisión, pero pidieron más medidas para reforzarlo. “La supervisión por sí sola no devolverá la independencia judicial en Polonia, ni salvará los medios independientes en Hungría”, apuntó el eurodiputado eslovaco Michal Šimečka, de Renew Europe.

El informe, elaborado por Šimečka, se aprobó el 7 de octubre, en el que pide un mecanismo que consolide los instrumentos existentes y establezca un Ciclo de Seguimiento Anual, con recomendaciones específicas para cada país, plazos y objetivos de implementación. Este ciclo debería servir como base para activar el Artículo 7 o suspender los fondos presupuestarios de un Estado miembro.

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