España transpone una directiva de la UE que aplica un impuesto a multinacionales y otra que refuerza la protección de los consumidores

En el último pleno del año del Congreso de los Diputados han quedado definitivamente aprobadas la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y la Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias, dos normas que incluyen la transposición al ordenamiento español de directivas europeas dirigidas a homogeneizar el tipo impositivo a empresas multinacionales en la UE y a reforzar la protección de los intereses de los consumidores.

 

 

Impuesto a las multinacionales

El pleno ha dado luz verde a la Ley que transpone la Directiva (UE) 2022/2523, que establece un impuesto mínimo global del 15% para los grupos de empresas multinacionales y nacionales de gran magnitud en la Unión Europea. Según la normativa europea, “cuando el tipo impositivo efectivo” de estos grupos empresariales “sea inferior al 15%, se recaudará un impuesto adicional”, y permite a los Estados miembros “aplicar un impuesto complementario nacional que grave a las entidades que radiquen en su territorio”.

El tipo mínimo global de imposición del 15% se aplicará a aquellas empresas o grupos empresariales con un importe neto de su cifra de negocios igual o superior a 750 millones.

Con ello, la Directiva europea prevé contribuir a la lucha contra la planificación fiscal agresiva de las grandes empresas, evitando que desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación, perjudicando así los ingresos del país de origen.

Defensa de los consumidores

También ha quedado definitivamente aprobada la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que reforma la organización judicial, introduce acciones colectivas en defensa de los consumidores y promueve métodos alternativos de resolución de conflictos.

Entre las medidas propuestas para acercar el sistema judicial a la ciudadanía, la Ley plantea crear Tribunales de Instancia, que reemplazarán a los actuales juzgados unipersonales, y oficinas de justicia en municipios pequeños y zonas rurales para que los ciudadanos puedan realizar trámites procesales desde su localidad, sin necesidad de desplazarse al tribunal de instancia.

La Ley implementa también acciones colectivas para la defensa de los consumidores: para ello, transpone la Directiva (UE) 2020/1828 que garantiza que todos los Estados miembros cuenten, al menos, con un mecanismo procesal efectivo para que las organizaciones de consumidores puedan iniciar acciones contra empresas que infrinjan el Derecho de la Unión en materia de consumo.

Finalmente, la nueva Ley orgánica incluye métodos alternativos de resolución de controversias (MASC) para fomentar la negociación entre las partes de un conflicto y aliviar la carga de trabajo de juzgados y tribunales.

 

Más información: Parlamento Europeo.