Informe anual sobre el Cumplimiento del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros

En el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE de hoy se indica cómo la Comisión controló e hizo aplicar el Derecho de la UE en 2017. El Cuadro de indicadores del mercado único, también publicado hoy en línea, muestra que, aunque están eliminándose la mayoría de obstáculos a la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, en algunos ámbitos la situación no mejora, o incluso está empeorando.

La aplicación efectiva del Derecho es esencial para garantizar que los ciudadanos y las empresas disfruten de los beneficios que aporta el Derecho de la UE. Cualquier norma, independientemente del cuidado con el que se haya redactado y preparado, es tan eficaz como su aplicación. Al impulsar sus prioridades políticas, la Comisión presta, pues, atención no solo a proponer nueva legislación, sino también a garantizar que se aplique y se haga cumplir debidamente. Por ejemplo, en 2017, la Comisión actuó con firmeza para hacer cumplir las normas en los ámbitos de la protección de datos, la migración, la protección de los consumidores, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o la calidad del aire.

Al mismo tiempo, la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, trabajando en estrecha colaboración, sigue siendo clave en la aplicación del Derecho de la UE y para hacer frente a los problemas que puedan surgir. A lo largo del año, la Comisión ha asistido a los Estados miembros en la preparación de la entrada en vigor del Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679).

Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión en 2017

El Informe anual relativo a 2017 muestra una ligera disminución (5,91 %) de los casos de infracción abiertos en comparación con el año anterior.Por tanto, después de alcanzar, en 2016, el punto máximo en un período de cinco años, el número de casos empezó a estabilizarse en 2017 (véase el gráfico 1). Sin embargo, el hecho de no aplicar correctamente el Derecho de la UE impide que los ciudadanos y las empresas disfruten de los derechos y los beneficios que este les confiere. En el ámbito del medio ambiente, por ejemplo, la plena transposición y aplicación de la Directiva sobre la reducción del uso de bolsas de plástico es esencial para hacer frente a la creciente preocupación de los ciudadanos en lo que respecta al plástico.

Lucha contra la transposición tardía de directivas

Para que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar de los beneficios que les aporta el Derecho de la UE, es fundamental que los Estados miembros incorporen las directivas europeas a su ordenamiento jurídico nacional en los plazos en los que se comprometieron a hacerlo.

En 2017, el número de nuevos procedimientos de infracción por transposición tardía se redujo bruscamente un 34 % (de 847 en 2016 a 558 en 2017) y se aproxima más al nivel de 2015 (543 casos). La Comisión puso en marcha nuevos procedimientos de infracción contra la mayoría de Estados miembros por no transponer las Directivas sobre el uso de bolsas de plástico, sobre los residuos, y sobre la inspección técnica de vehículos.

Para facilitar la transposición correcta y dentro de los plazos establecidos, la Comisión ha seguido ayudando a los Estados miembros mediante la elaboración de planes para la aplicación, sitios web específicos y documentos de orientación, así como mediante el intercambio de las mejores prácticas en reuniones de grupos de expertos. Por ejemplo, antes de la entrada en vigor del Reglamento general de protección de datos (GDPR) el 25 de mayo de 28, la Comisión ya publicó en enero de 2018 directrices detalladas para ayudar a los Estados miembros a aplicar las nuevas normas en el tiempo.

El año pasado, la Comisión llevó a cinco Estados ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitó que se impusieran sanciones económicas: Bélgica (dos asuntos), Croacia (dos asuntos), Eslovaquia, Eslovenia y España (un asunto cada una).

Cuadro de indicadores del mercado único 2018

El cuadro de indicadores del mercado único ofrece una visión general detallada y precisa de la situación de la aplicación de las normas del mercado único de la UE en el Espacio Económico Europeo (EEE) en 2017. Evalúa cómo los Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo aplican estas normas y determina las deficiencias en relación con las cuales estos deben intensificar sus esfuerzos.

Dependiendo de su actuación en 2017, los Estados miembros recibieron 152 tarjetas verdes, 135 amarillas y 49 rojas. Las tarjetas indican en qué ámbitos han tenido resultados excelentes (verde), medios (amarilla) o por debajo de la media (roja).

La visión general (véase el gráfico 4 siguiente) muestra que los Estados miembros han mejorado en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la transposición de las normas relativas al mercado único y el desarrollo de instrumentos que respalden el buen funcionamiento del mercado único sobre el terreno (Tu Europa, e-Certis, y EURES). Pero, en comparación con la anterior edición del cuadro de indicadores, los Estados miembros también han recibido más tarjetas rojas en ámbitos como la apertura al comercio transfronterizo de bienes y servicios, la equidad de los sistemas de contratación pública y el número de procedimientos de infracción.

En general, los países con mejores resultados fueron Finlandia, Dinamarca y Eslovaquia, mientras que los que recibieron más tarjetas rojas fueron Chequia, Irlanda y Grecia.

La Comisión reacciona a las denuncias de los ciudadanos

Los ciudadanos, las empresas, las ONG y otras partes interesadas pueden comunicar las presuntas infracciones del Derecho de la Unión por medio de un formulario electrónico de denuncia accesible a través del portal Europa, en la página sobre derechos y oportunidades.En 2017, la mayoría de las denuncias se referían a la justicia y los derechos de los consumidores, el empleo, el mercado único de la UE, la industria y las pymes. En el marco del formulario de denuncia, SOLVIT puede ayudar a los ciudadanos y a las empresas a resolver sus problemas con una administración pública de otro país de la Unión.