Defensa y Seguridad

Esta publicación es un informe del Centro Común de Investigación (CCI), el servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea. Su objetivo es proporcionar apoyo científico basado en pruebas al proceso europeo de elaboración de políticas. La producción científica expresada no implica una posición política de la Comisión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre son responsables del uso que pueda hacerse de esta publicación. Para obtener información sobre la metodología y la calidad de los datos utilizados en esta publicación cuya fuente no sea Eurostat ni otros servicios de la Comisión, los usuarios deben ponerse en contacto con la fuente de referencia. Las denominaciones empleadas en los mapas y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Unión Europea, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La toma del poder por los talibanes en agosto de 2021 ha tenido repercusiones desestabilizadoras más allá de las fronteras de Afganistán, alterando la dinámica regional y afectando a las propias relaciones exteriores de los talibanes con los países fronterizos. Los riesgos para la seguridad no sólo los plantean los propios talibanes, sino también los grupos terroristas islamistas que operan bajo la protección efectiva de los talibanes, así como la creciente amenaza que representan el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP), el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM). La UE debe centrarse en los crecientes riesgos para la seguridad que estos acontecimientos representan para los Estados vecinos -en particular las Repúblicas de Asia Central- y considerar la posibilidad de intensificar su compromiso antiterrorista en Asia Central. Los desafíos a la seguridad en la región exigen una respuesta específica, en la que los Estados miembros de la UE pongan en común recursos y mejoren la cooperación, en lugar de dejar que cada Estado miembro se ocupe de la amenaza a nivel nacional.

Este estudio analiza los elementos clave para la revisión del actual marco de la UE para la gestión de crisis bancarias y la garantía de depósitos (CMDI), incluidas las recientes propuestas legislativas (abril de 2023) presentadas por la Comisión, y la necesidad de alcanzar -por fin- un consenso político sobre la creación de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD). Este documento ha sido facilitado por la Unidad de Gobernanza Económica y Control de la UEM a petición de la Comisión ECON.

Este informe presenta los resultados de la fase 2 del estudio prospectivo de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) sobre la economía circular (EC) y sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo (SST) hasta 2040. La fase 2 se centra en la difusión y adaptación de los macroescenarios de la fase 1 mediante el diálogo con las partes interesadas y talleres para crear cuatro conjuntos de microescenarios. Al centrarse en las perspectivas sectoriales y de las partes interesadas, los microescenarios exploran las diferentes formas en que la economía colaborativa puede afectar al trabajo y al empleo, y las consecuencias que esto puede tener para la SST. Al mismo tiempo, también demuestran que las posibles vías de la economía colaborativa en la UE y sus efectos sobre las condiciones de trabajo y la SST podrían variar considerablemente. Las conclusiones del proyecto sugieren que, en la actual coyuntura, las medidas concertadas de los agentes clave ofrecen la mejor opción para lograr resultados positivos en materia de SST. Mediante la mejora de los vínculos entre las agencias europeas y nacionales, las organizaciones y otros agentes, la integración de normas compartidas de SST en políticas medioambientales más amplias de la UE, y la actualización constante de la orientación y la educación en materia de SST a través del intercambio oportuno de información y la consulta a las partes interesadas, es posible adoptar un enfoque anticipatorio que permita a todos los implicados crear normas y reglamentos bien equilibrados centrados en la mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores en toda la UE.

Las instituciones fiscales nacionales independientes (IFI) son un elemento importante en el panorama de la gobernanza fiscal de la UE y pueden desempeñar un papel en los planes fiscales-estructurales previstos. Para ello, se necesitan unas normas mínimas. Aunque un gobierno individual pueda ser reacio a reforzar su IFI, es de interés colectivo contar con un conjunto de IFI fuertes en toda la UE. Para ello se necesitaría el apoyo de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, por ser las instituciones que »internalizan» las externalidades de la política fiscal. Este documento ha sido facilitado por la Unidad de Gobernanza Económica y Control de la UEM a petición de la Comisión ECON).

La Unión Europea (UE) está comprometida con la eliminación del trabajo forzoso, una negación de derechos de la que hay 28 millones de víctimas en todo el mundo. En septiembre de 2022, la Comisión Europea propuso un Reglamento para prohibir en el mercado de la UE todos los productos fabricados mediante trabajo forzoso (COM (2022) 453). Esta propuesta ha sido criticada por no facilitar vías de recurso a las víctimas del trabajo forzoso, en consonancia con las normas de la UE y mundiales, como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este informe examina los argumentos a favor de incluir en la propuesta de Reglamento de la Comisión medidas que promuevan el acceso a una reparación efectiva para las víctimas del trabajo forzoso situadas fuera de la UE. En primer lugar, se describe el marco jurídico de la acción de la UE para promover la reparación de las víctimas del trabajo forzoso situadas fuera del territorio de la UE, así como los obstáculos a la accesibilidad y la eficacia de la reparación de las víctimas en el contexto del trabajo forzoso. En segundo lugar, examina una serie de medidas para promover la reparación de las víctimas del trabajo forzoso que podrían incorporarse al Reglamento y su viabilidad. En conclusión, el informe destaca los cambios en la propuesta de Reglamento de la Comisión para promover la reparación a las víctimas que son viables y aumentarían su alineación con los compromisos jurídicos y políticos internacionales y de la UE.