En Bielorrusia abundan la brutalidad policial, los abusos del sistema judicial y la manipulación y represión de los espacios públicos, que acallan las voces individuales. El régimen está utilizando nuevos instrumentos «legales» de coerción para hacer aún más sombría una realidad que es todavía más sombría.
El Premio Nobel Ales Bialiatski, de nuevo a juicio
El 5 de enero de 2023 comenzó el juicio por motivos políticos contra la organización de derechos humanos Viasna. Tres defensores de los derechos humanos, cada uno condenado a entre 7 y 12 años de prisión, están en el banquillo de los acusados: Ales Bialiatski, presidente de Viasna y Premio Nobel de la Paz, Valiantsin Stefanovic, su adjunto, y Uladzimir Labkovich, coordinador de la campaña Defensores de los Derechos Humanos por unas Elecciones Libres. Ales Bialiatski estuvo encarcelado de 2011 a 2014 por cargos dudosos y fue encarcelado de nuevo en julio de 2021.
Todos ellos son tratados como delincuentes peligrosos en lo que parece un esfuerzo por maximizar al máximo la intimidación. Están enjaulados y esposados, y dos unidades de policía controlan a todos los que entran en el tribunal. Un juez rechazó la petición de los acusados de ser juzgados en su lengua materna, el bielorruso.
Ni que decir tiene que a Bialiatski no se le dio la oportunidad de participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, celebrada el 10 de diciembre de 2022 en Oslo.
Un reportaje propagandístico emitido por el canal estatal bielorruso 1 TV no dijo ni una sola palabra sobre el reconocimiento internacional que han recibido Bialiatski y sus compañeros. En su lugar, cuestionaba su condición de defensores de los derechos humanos y los presentaba como «criminales ayudados por la UE que contrabandeaban dinero para apoyar a la oposición destructiva» de Bielorrusia. Un nuevo mínimo en la muy manipulada esfera informativa bielorrusa.
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More political prisoners, ‘extremists’ and ‘terrorists’
El número de presos políticos en Bielorrusia a 31 de enero de 2023 es de al menos 1.441. El número real de presos políticos puede ser mucho mayor, ya que cada vez es más difícil hacer un seguimiento de los casos de persecución por motivos políticos debido al aumento del secretismo durante los juicios. Además, la represión no cesa con la puesta en libertad. Una vez fuera de prisión o bajo custodia policial, las personas siguen estando en el punto de mira del Estado bielorruso.
La maquinaria de la represión sigue avanzando y cada semana entran nuevas personas dentro del registro. Desde que la campaña de las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia terminara con el anuncio por parte del Estado de la falsificación de los resultados, los defensores de los derechos humanos han documentado más de 2.500 condenas y el procesamiento en curso de al menos otras 3.500 personas en causas penales por motivos políticos.
El informe de derechos humanos de Viasna de diciembre de 2022 dejó al descubierto que ha continuado la «persecución sistemática y a gran escala de los disidentes». El informe documenta el uso continuado de la tortura y otros tratos prohibidos durante investigaciones penales por motivos políticos. También documenta la persecución estatal rutinaria por protestar contra el fraude electoral del régimen, todo ello bajo el pretexto de combatir el extremismo y el terrorismo.
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La lista extrajudicial de «extremistas» del Ministerio del Interior supera actualmente las 2.300 personas, entre ellas una decena de periodistas. Sólo en el mes de diciembre se han añadido más de 200 nombres. La lista de «terroristas», que supervisa el KGB bielorruso, incluye actualmente a cerca de 250 bielorrusos, así como a varios grupos y organizaciones bielorrusas.
El régimen aplica etiquetas de «extremista» y «terrorista» a organizaciones, medios de comunicación, libros y otros materiales. Recientemente, la popular banda de rock bielorrusa Tor Band fue calificada de «grupo extremista». Los músicos y sus cónyuges fueron detenidos en octubre de 2022 y se enfrentan a cargos penales en relación con sus canciones prodemocráticas.
También continuó la práctica de grabar «vídeos de arrepentimiento/confesión», en los que los detenidos confiesan actos que las autoridades consideran delitos. Los vídeos se difunden después por Internet o se utilizan en la televisión estatal para difamar a las personas e infundir miedo. Sólo en diciembre, al menos 52 personas fueron víctimas de esta indignante práctica, según el informe de derechos humanos de Viasna.
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