Agricultura y Pesca

El presente asunto se refiere a incidentes fronterizos en los que no se permitió a los demandantes, todos ellos de etnia romaní, abandonar el territorio del Estado demandado. Se quejaron en virtud del artículo 2 del Protocolo nº 4, considerado aisladamente y en relación con el artículo 14, y en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 12 del Convenio, de que habían sido señalados por los agentes de policía de fronteras debido a su etnia romaní.

El caso se refiere a la evaluación final del riesgo realizada por las autoridades antes de la expulsión del solicitante a su país de origen, Bahréin. Esta evaluación se realizó en el contexto de los procedimientos de «última hora», que se ocupan de las solicitudes de asilo posteriores que se presentan poco antes de la expulsión. El demandante se quejaba de que el riesgo de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 del Convenio en caso de expulsión, riesgo que efectivamente se había materializado, no había sido suficientemente evaluado por las autoridades neerlandesas, y de que no había tenido a su disposición ningún recurso efectivo para impugnar dicha evaluación.

El asunto se refiere a la duración de los procedimientos civiles y a la eficacia de los recursos internos al respecto.

Las principales cuestiones en el presente asunto son si (i) la deficiente gestión por parte de las autoridades de los servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos en la región de Campania y (ii) su falta de adopción de medidas de protección para minimizar o eliminar los efectos de la contaminación procedente de un vertedero situado entre los municipios de Caserta y San Nicola La Strada vulneraron los derechos de los demandantes en virtud de los artículos 2 y 8 del Convenio.

El asunto se refiere a la destitución del demandante, el 25 de abril de 2017, del cargo de juez del Tribunal Supremo de Ucrania y a las medidas que se le aplicaron en virtud de la Ley de Limpieza Gubernamental (Depuración) («la GCA»).

El asunto se refiere a la muerte de los hijos de los demandantes como consecuencia de un trágico tiroteo en la unidad militar en la que realizaban el servicio militar obligatorio. Plantea cuestiones en virtud de los artículos 2 y 13 del Convenio.