Agricultura y Pesca

La demanda se refiere a la supuesta ineficacia del procedimiento de revisión judicial de la detención del demandante ordenada en el momento de su condena por el tribunal de primera instancia. El demandante alegó, en virtud del artículo 5 § 4 del Convenio, que el procedimiento de revisión había violado el principio de igualdad de armas y el derecho a un procedimiento contradictorio, ya que no se le había entregado una copia de las observaciones escritas del fiscal presentadas ante el tribunal de primera instancia en relación con su detención.

El asunto se refiere a la transmisión de datos obtenidos legalmente en una investigación penal a otra autoridad policial. La empresa demandante alega que la transmisión de los datos a la autoridad de defensa de la competencia y su utilización por ésta no eran previsibles y que las garantías procesales eran insuficientes.

El asunto se refiere a la transmisión de datos obtenidos legalmente en una investigación penal a otra autoridad policial. Las empresas demandantes se quejan de que la transmisión de los datos a la autoridad de defensa de la competencia y su utilización por ésta no habían sido previsibles y de que las garantías procesales eran insuficientes.

El asunto se refiere a la transmisión de datos obtenidos legalmente en una investigación penal a otra autoridad policial. Las empresas demandantes se quejan de que la transmisión de los datos a la autoridad de defensa de la competencia y su utilización por ésta no habían sido previsibles y de que las garantías procesales eran insuficientes.

El asunto tiene su origen en una demanda (n.º 45581/15) contra la República Francesa presentada ante el Tribunal el 15 de septiembre de 2015 en virtud del artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por un nacional francés, el Sr. Julien Sánchez («el demandante»).

El presente asunto se refiere principalmente a la denuncia del demandante de que su detención en una manifestación y la imposición de una sanción privativa de libertad por infracciones administrativas habían supuesto una injerencia en sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, en violación de los artículos 10 y 11 del Convenio.