Unión Europea

La libre circulación de personas no sería posible sin la garantía de que los ciudadanos no pierden sus derechos de seguridad social al trasladarse a otro Estado miembro , ya sea por motivos relacionados con el trabajo o por otras razones. Para salvaguardar los derechos de seguridad social de las personas que se desplazan dentro de la UE/AELC (y el Reino Unido) , se establecen normas comunes a escala de la UE. El resultado de las normas de la UE en materia de coordinación de la seguridad social es un alto nivel de técnicas de coordinación basadas en algunos principios clave: a) la prohibición de discriminación, reforzada por la igualdad de trato de los hechos y acontecimientos transfronterizos (es decir, principio de asimilación); b) la totalización de los periodos de seguro; c) la exportabilidad de las prestaciones; y d) la determinación de una legislación única aplicable.

Este informe presenta datos administrativos que abarcan todos los países de la UE/AELC y el Reino Unido. Los asegurados disponen de distintas vías para recibir asistencia sanitaria transfronteriza en la UE y ser reembolsados. Pueden buscar tratamiento según las normas y principios establecidos por los Reglamentos de Coordinación de la Seguridad Social; la Directiva 2011/24/UE4 ; los acuerdos bilaterales/multilaterales o su propia legislación nacional.

El alcance del informe se limita al número de DP U1 recibidos de personas que se desplazaron a la UE, la AELC o el Reino Unido que quedaron desempleadas en su Estado miembro de última actividad y necesitaron períodos adicionales completados en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente para tener derecho a una prestación por desempleo. Sin embargo, también podría solicitarse un PD U1 para otras situaciones.5 Algunos Estados miembros facilitaron datos sobre el grupo total de personas por las que se recibió un PD U1 sin seleccionar los expedidos en virtud del artículo 61 del Reglamento de base. Por consiguiente, existen varias reservas en cuanto al alcance de los datos comunicados, que afectan al análisis y a las conclusiones.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación, por un lado, del artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.º 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 41/2009 y (CE) n.º 953/2009 de la Comisión (DO 2013, L 181, p. 35), y, por otro lado, de la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (DO 2002, L 183, p. 51).

Este informe ofrece una visión general del pago de las pensiones de vejez, supervivencia e invalidez en un contexto transfronterizo dentro de la UE/AELC/Reino Unido, dado que existe un grupo considerable de pensionistas que han trabajado en varios países o han decidido trasladarse al extranjero. Las personas tienen derecho a una pensión de cada Estado miembro en el que hayan estado aseguradas durante al menos un año, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación nacional. Estas pensiones corresponden a los periodos de seguro cumplidos en cada uno de los Estados miembros en cuestión. Las pensiones no están sujetas a ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el titular resida en un Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentra la institución responsable de proporcionar las pensiones (artículo 7 del Reglamento (CE) nº 883/2004).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 56 TFUE.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV y Supergame BV, tres operadores de establecimientos de juegos de azar ubicados en los Países Bajos, y el Belgische Staat (Estado belga) en relación con las multas que les impuso la Kansspelcommissie (Comisión de Juegos de Azar, Bélgica) por haber hecho publicidad de sus establecimientos en territorio belga.