Medio Ambiente

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica :

– ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 duodecies, en relación con el anexo XI de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152, p. 1), al haber superado de manera sistemática y persistente desde 2005 el valor límite diario de PM10 en la aglomeración de Salónica (EL 0004)

Mediante su recurso de casación, PV solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de enero de 2020, PV/Comisión (T‑786/16 y T‑224/18, no publicada; en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2020:17), por la que dicho Tribunal desestimó los recursos interpuestos por PV que tenían por objeto:

– En el asunto T‑786/16, la anulación, con carácter principal, de los informes de evaluación de PV correspondientes a los años 2014, a 2016, de las decisiones del director general de la Dirección General (DG) Interpretación de la Comisión Europea, de 31 de mayo, 5 de julio, 31 de julio y 15 de septiembre de 2016, relativas a las deducciones practicadas en el salario de PV; de la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»), de 28 de noviembre de 2016, por la que se desestimaron las reclamaciones presentadas contra las decisiones de 31 de mayo y de 5 de julio de 2016 relativas a deducciones practicadas en el salario de PV; del escrito previo de información de la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO), de 21 de julio de 2016, por el que se informó a PV de que adeudaba la cantidad de 33 593,88 euros; de la decisión de la PMO, de 11 de julio de 2016, de suspender el pago del salario de PV a partir del 1 de julio de 2016; de la nota del director general de la DG Interpretación, de 31 de julio de 2016, por la que se anunció la intención de considerar no autorizadas las ausencias de PV durante el período comprendido entre el 2 de junio y el 31 de julio de 2016 y de practicar las correspondientes deducciones en su salario; del escrito previo de información de la PMO, de 21 de septiembre de 2016, por el que se informó a PV de que adeudaba la cantidad de 42 704,74 euros; de la decisión de la AFPN, de 17 de enero de 2017, por la que se desestimó la reclamación presentada contra tales actos; de la decisión de la AFPN, de 26 de julio de 2016, de separar del servicio a PV; de la decisión de la AFPN, de 2 de febrero de 2017, por la que se desestimó la reclamación presentada contra dicha decisión de separación del servicio; de la nota de adeudo de 20 de julio de 2017, de la decisión de la AFPN, de 29 de noviembre de 2017, por la que se desestimó la reclamación presentada contra dicha nota, y del procedimiento disciplinario CMS 13/087.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18, apartado 1, 26, apartado 1, y 46 de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (DO 2007, L 263, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 385/2009 de la Comisión, de 7 de mayo de 2009 (DO 2009, L 118, p. 13) (en lo sucesivo, «Directiva marco»), en relación con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO 2007, L 171, p. 1), y del artículo 267 TFUE, párrafo segundo.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).

Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre M. B., U. B. y M. B., por una parte, y X S. A., por otra, relativo a las consecuencias de la anulación de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre esas partes.

Mediante su recurso de casación, GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (en lo sucesivo, «GABO») solicita la anulación del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2021, GABO:mi/Comisión (T-881/19, no publicado, EU:T:2021: 564; en lo sucesivo, «auto recurrido»), mediante el cual el Tribunal General declaró la inadmisibilidad manifiesta de su recurso que tiene por objeto, en particular, el reembolso de los gastos subvencionables en que incurrió la recurrente en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2016 en virtud de los convenios de subvención celebrados en el contexto del sexto y séptimo programas marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración y del programa marco de investigación e innovación «Horizonte 2020».

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3 a 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13, y en DO 2023, L 17, p. 100).

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Caixabank, S. A. (en lo sucesivo, «entidad bancaria»), y X (en lo sucesivo, «consumidor»), en relación con la supuesta abusividad de la cláusula de comisión de apertura de un contrato de crédito con garantía hipotecaria.