El Parlamento Europeo aprueba normas para las empresas sobre derechos humanos y medio ambiente

El Parlamento Europeo aprobó con 374 votos a favor, 235 en contra y 19 abstenciones la nueva Directiva sobre diligencia debida, acordada con el Consejo, que exige a las empresas y a sus socios en toda la cadena de suministro –desde el suministro a la distribución-, que eviten, pongan fin o reduzcan su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Entre estas repercusiones figuran la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural.

Enfoque basado en el riesgo y plan de transición

Las normas se aplicarán a las empresas y matrices con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 450 millones de euros. También quedarán cubiertas las empresas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que conlleven una identidad corporativa común con una facturación superior a 80 millones de euros si al menos 22,5 millones proceden de los cánones. Las empresas de fuera de la UE, matrices y las compañías con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que alcancen esos umbrales de facturación en la UE también quedarán cubiertas.

Estas compañías tendrán que integrar la diligencia debida en sus políticas, realizar las inversiones pertinentes, pedir garantías contractuales a sus socios, mejorar su plan de negocio o prestar apoyo a las pymes con las que trabajan para asegurarse de que cumplen las nuevas obligaciones. También tendrán que adoptar un plan de transición para que su modelo de negocio se alinee con el límite de calentamiento global de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París.

Multas e indemnizaciones a las víctimas

Los Estados miembros deberán facilitar a las empresas información detallada en línea sobre sus obligaciones en materia de diligencia debida a través de portales prácticos que contengan las directrices de la Comisión. También crearán o designarán una autoridad de control encargada de investigar e imponer sanciones a las empresas que incumplan la normativa. Estas incluirán la denuncia pública y multas de hasta el 5 % de su facturación mundial neta. La Comisión creará la Red Europea de Autoridades de Control para apoyar la cooperación y permitir el intercambio de buenas prácticas. Las empresas serán responsables de los daños causados por el incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida y tendrán que indemnizar íntegramente a las víctimas.

Declaración de la ponente

Tras la votación en el pleno, la eurodiputada Lara Wolters (S&D, Países Bajos) declaró: «La votación de hoy es un hito para una conducta empresarial responsable y un avance considerable hacia el fin de la explotación de las personas y del planeta por parte de las empresas. Esta ley es resultado de un compromiso muy reñido y de muchos años de duras negociaciones. Estoy orgullosa de lo que hemos logrado con nuestros aliados progresistas. En el próximo mandato del Parlamento, lucharemos no solo por su rápida aplicación, sino también por hacer que la economía europea sea aún más sostenible».».

Próximos pasos

Ahora la Directiva debe ser aprobada formalmente por el Consejo, firmada por los colegisladores y publicada en el Diario Oficial de la UE. Entrará en vigor veinte días después. Los Estados miembros tendrán dos años para incorporar las nuevas normas a sus legislaciones nacionales.

La nueva normativa —salvo las obligaciones de comunicación— se aplicará gradualmente a las empresas de la UE y a las de fuera que alcancen los umbrales de facturación indicados en la Unión:

• a partir de 2027 para las empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 1.500 millones de euros;
• a partir de 2028 para las empresas con más de 3.000 empleados y un volumen de negocios global de 900 millones de euros o más;
• a partir de 2029 para el resto de empresas incluidas aquellas con más de 1.000 empleados y un volumen mundial de negocios superior a 450 millones de euros.

Antecedentes

El Parlamento ha pedido en reiteradas ocasiones una mayor responsabilidad corporativa y que la legislación sobre diligencia debida sea obligatoria. La propuesta de la Comisión presentada el 23 de febrero de 2022 complementa otros actos legislativos existentes y futuros, como el Reglamento sobre la deforestación, el Reglamento sobre minerales de guerra y el Reglamento por el que se prohíben los productos fabricados con trabajo forzoso.